El Ejecutivo argumentó que ya se tomaron medidas suficientes para asistir a los damnificados por el temporal que dejó 16 muertos y graves daños en la ciudad bonaerense
El Gobierno vetó la ley que declaraba la emergencia en Buenos Aires por las inundaciones en Bahía Blanca, impulsada por Unión por la Patria, y aprobada el pasado 5 de junio por la Cámara de Diputados con 153 votos positivos. El Ejecutivo alegó que ya «implementó las medidas que pretendían ser adoptadas» por la legislación propuesta por la oposición.
La decisión se implementó a través del Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El texto «observa en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.790» y enumera las medidas del Ejecutivo para la asistencia tras el temporal sufrido por la ciudad del sudoeste bonaerense.
Entre ellas, menciona la creación de un fondo especial por $200 mil millones, un régimen especial de subsidios para los afectados y un Suplemento Único para la Reconstrucción.
El Gobierno, entonces, «considera oportuna y necesaria la observación total del proyecto de ley sancionado, en tanto está dirigido a destinar al auxilio de los mismos beneficiarios del programa de asistencia instaurado una cantidad de recursos del Tesoro equivalente al monto ya asignado y mayoritariamente ejecutado por decisión del propio Poder Ejecutivo».
Qué decía la Ley de Emergencia para la Reconstrucción de Bahía Blanca vetada por Javier Milei
La iniciativa declaró la emergencia en el territorio bahiense por 180 días y dispone la creación de un fondo especial con la intención de reconstruir la ciudad, que sufrió la muerte de 16 personas y graves problemas sociales y económicos por la grave inundación.
Los $200 millones determinados por el Congreso se destinará a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal, y para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada. También se podrá utilizar para la reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos y para la refuncionalización de actividades.
