Con el rechazo por parte de la Corte Suprema a los recursos de queja interpuestos en la causa Vialidad, todo regresa a Comodoro Py donde el presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio, se convierte en el juez de ejecución de la pena. Jorge Gorini decidió en la tarde del martes que Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y el resto de los condenados se presenten en Comodoro Py en un lapso inferior a los cinco próximos días hábiles, es decir antes del jueves 19 de junio, “con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones”: un plazo prudencial en atención a que “algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas.”
Cuando Cristina aún se desempeñaba como presidenta del Senado de la Nación, escuchó la lectura de la sentencia el 6 de diciembre de 2022. Por unanimidad los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El daño ocasionado a las arcas públicas fue calculado en 85.000 millones de pesos.
El criterio adoptado por el máximo tribunal dejó firme la sentencia condenatoria que había validado la Cámara de Casación, contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez y Juan Carlos Villafañe.
En cambio, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, obtuvo la absolución junto al ex funcionario provincial, Héctor Garro.
Ahora, tras la confirmación de la Corte, el expediente regresa a Comodoro Py. Allí de conformará el Legajo de Ejecución de la Pena a cargo de Gorini, quien citó a los condenados para que se presenten la semana próxima en Comodoro Py.
Contrario a ese criterio, los fiscales de juicio, Diego Luciano y Sergio Mola presentaron un dictamen exigiendo la inmediata detención de los condenados.
En el escrito al que accedió Clarín, los representantes del Ministerio Público Fiscal, sostuvieron: “Para asegurar el ejercicio del derecho de defensa, toleramos -dentro de ese margen- reproches infundados a nuestra labor. Esto se debe a que entendemos la capital relevancia del ejercicio de la defensa técnica y material, ya que la aplicación de una pena es, sin duda, una de las consecuencias jurídicas que más afectan los derechos fundamentales de las personas ante el incumplimiento de una norma de conducta”.
Incluso, a pesar de que ha adquirido firmeza la condena, “seguimos sosteniendo que la pena cuya ejecución solicitamos (seis años) luce insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado”, indicaron. Fueron quienes solicitaron una condena a doce años.
Ante la gravedad de los hechos, “tenemos la obligación de dejar en claro que, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -órgano de mayor jerarquía con jurisdicción dentro del territorio argentino-, en este proceso se han respetado íntegramente las garantías del debido proceso”.
Por ende, la ejecución de las penas que se “solicita es la consecuencia de la aplicación de la ley penal frente a conductas delictivas plenamente acreditadas y ahora confirmadas por nuestro máximo tribunal”.
Finalmente los fiscales argumentaron: “La falta de reacción sancionatoria inmediata -es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas- podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos, o al menos, para algunos de ellos”.
En un oficio, el juez a cargo de la ejecución de la pena solicitó al Ministerio de seguridad de la Nación, la “asignación de una dependencia de las fuerzas federales -indistintamente, de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal o Policía de Seguridad Aeroportuaria-, que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas”, en el caso Vialidad.
La finalidad del pedido busca “determinar el lugar de detención se deberá tender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas”.
En ese sentido, sostuvo el juez Gorini, respecto de Cristina Kirchner se añadió: “debe considerarse que se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”.Las próximas instancias
Bajo el criterio de que en el caso Vialidad no hubo ninguna violación a las garantías constitucionales bajo las cuales debe avanzar cualquier proceso penal, es que la Corte ni siquiera analizó las quejas interpuestas el 13 de febrero por las defensas.
El juez Gorini, que denunció amenazas, presiones y hechos de espionaje mientras se sustanciaba el juicio contra Cristina Kirchner, será el responsable de decidir cómo se ejecuta la pena.
En primer lugar el juez requerirá el cómputo de la pena, hay algunos condenados que cumplen prisión en otros expedientes como Lázaro Báez, José López.
Junto con ese trámite, se notificará a la justicia electoral de la situación actual de Cristina: la firmeza de la condena la deja afuera de cualquier contienda electoral.
Después se tramitan los pedidos de arresto domiciliario. Un beneficio que pueden requerir las partes pero sólo será el juez de ejecución de la pena quien decida si los concede, previa opinión del fiscal general que en el caso Vialidad es Diego Luciani.
Hay una frase que resuena en Comodoro Py por estas horas: “No se tienen previstas excepciones”. Y eso indica que la ley es pareja para todos a la hora comenzar el trámite de ejecución de la pena.
Un concepto superior vertieron algunos magistrados de los tribunales de Retiro: “Hay que hacer prevalecer el derecho, la división de poderes, la democracia y la República. Lo que decide la justicia se respeta y se cumple”.
