María Fernanda Viola destacó como un gesto de hidalguía del presidente Javier Milei el acuerdo celebrado en Cancillería.
María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Antonio Viola y sobreviviente del ataque perpetrado por el ERP en 1974, expresó su satisfacción tras el reconocimiento formal por parte del Gobierno Nacional de que dicho atentado constituye un crimen de lesa humanidad. En una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”, Viola celebró que el gobierno de Javier Milei haya reconocido “hidalgamente” este hecho, revirtiendo la postura mantenida hasta ahora por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El cambio de postura se produjo en un acuerdo de solución amistosa celebrado en la Cancillería, modificando la visión del gobierno anterior, que no reconocía el ataque en esa categoría. “El atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, afirma María Fernanda.
En la misiva, también critica la actuación del gobierno de Alberto Fernández, señalando que el rechazo a la denuncia de su familia obedeció a una “visión sesgada e ideologizada” que niega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Además, el gobierno se comprometió a impulsar un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de organizaciones terroristas. Una vez homologado el acuerdo por la CIDH, la familia Viola buscará llevar a la justicia argentina a los autores directos e indirectos del crimen que aún no han sido condenados.
Carta
Han pasado cincuenta años desde aquel primero de diciembre de l974, cuando, en pleno gobierno constitucional, el ERP cometió uno de sus atentados más aberrantes, en el marco del ataque sistemático a la población civil llevado adelante para sustituir la república por un régimen marxista.
Cincuenta años desde que oí los gritos desesperados de mi madre, María Cristina Picón de Viola, al ver, embarazada de cinco meses, cómo eran vilmente asesinados a traición, mi padre, el Capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con sólo tres años, y yo, con mis cinco años, quedaba gravemente herida salvando mi vida luego de ocho operaciones.
Cincuenta años en que, sin dejarnos invadir por el odio, reclamamos vanamente justicia, siendo convertidos en los desaparecidos de la memoria pública.
Durante los mismos hemos sufrido mucho al ver como los distintos poderes del estado blindaban con un manto de impunidad a los miembros de la guerrilla, ocultando la existencia de normas internacionales que consideraban sus crímenes de lesa humanidad.
Sufrimos cuando se hacía la abierta apología de sus crímenes; sufrimos cuando se sustituía la historia por el maniqueo y parcial relato de la memoria; sufrimos cuando éramos convertidos en meros objetos a asesinar o herir por la espalda; sufrimos cuando se ocultaba la responsabilidad de jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos, en la tragedia,y ellos negaban, sin arrepentirse de nada, la existencia de una guerra revolucionaria, pese a estar ésto expresamente admitido, con autoridad de cosa juzgada, por la sentencias de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, dictadas en la causa 13/84 en que se juzgara a los comandantes.(ver: capítulo sexto sentencia Cámara Federal, situación preexistente al 24.3.76
Niegan la guerra revolucionaria, ocultando a los jóvenes los párrafos de esa sentencia y, lo que hubiera ocurrido con nuestras vidas, con nuestros bienes, de haber triunfado la guerrilla.
Deberían leer la confesión del oficial primero de Montoneros, Héctor Leis, quien, en “Testamento de los años 70”, reconoció que se estimaban en quinientas mil personas las víctimas necesarias para hacer triunfar la revolución.
Hoy, 24 de marzo, siento el profundo orgullo de saber que mi madre no bajó nunca sus brazos. Una y otra vez sostuvo que para el dolor no hay ideologías: “Todas las madres debemos tener los mismos derechos. Hemos sufrido por igual y vivido el mismo dolor. Debemos tener las mismas consideraciones, ser dignas de respeto por parte de quienes nos gobiernan. Las madres de las victimas de la subversión somos discriminadas”-.dijo, al hablar en la Plaza San Martín.
No dándose jamás por vencida denunció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el patrocinio del Dr. Javier Vigo Leguizamón, la violación, por el Estado Argentino, de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la Protección Judicial, contemplados en los artículos 4, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos , e igualmente del art 3 común de las Convenciones de Ginebra de l949, que resguardan la dignidad de las personas en los conflictos armados, estableciendo que no se puede atacar, ni atentar, contra los civiles inocentes, en ningún tipo de conflicto armado, sea nacional o internacional.
Mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado en la Petición P-1217-16”María Cristina Picón Viuda de Viola y Otras”, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de su Presidente Dr. Javier Milei, ha reconocido hidalgamente la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos alegados en la petición, admitiendo que a la luz de la doctrina fijada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 55/97, emitido al analizar el ataque del Movimiento Todos por la Patria, al regimiento de La Tablada, que – destaco- la Corte Suprema aplicara en la causa “Arrillaga”, el atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad.
Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso.
Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas.
Homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados.
