En Diputados dieron media sanción a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

El proyecto se aprobó con 160 votos a favor, 72 en contra y ocho abstenciones

Los bloques de la oposición dialoguista y el peronismo llegaron a un acuerdo político que permitió avanzar con la media sanción en Diputados de una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que reemplace el mecanismo que Javier Milei impuso por decreto.

El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).

El haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasados los aumentos se optó por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.

La decisión se tomó en una sesión especial solicitada por el radicalismo que preside Rodrigo de Loredo y el acompañamiento de los bloques de Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto; la Coalición Cívica, de Juan Manuel López; e Innovación Federal, que encabeza la salteña Pamela Calletti, además deUnión por la Patria, de Germán Martínez; se pidió otra sesión especial que incluye el aumento del presupuesto para las Universidades y la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

A su vez, la oposición incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

Los espacios de la oposición llegaron a la sesión con varios dictámenes. La más importante giraba en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en que no podía ser utilizado para esos fines.

En efecto, proponen que los ingresos se actualicen mensualmente por inflación (en sintonía con el DNU presidencial) e incluyen una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.

Los opositores también coincidieron en que la ley debería garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales. El kirchnerismo y los dialoguistas fijaron como parámetro el valor de 1,09 canasta básica.

El mayor punto de conflicto era cómo financiar, sin provocar un golpe fiscal al Tesoro, el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, como así también el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal proponían echar mano de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero el kirchnerismo se opuso.

Finalmente, se acordó otra salida: que estas deudas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la ANSES algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAIS e IVA.

El único punto en el que el radicalismo, el Pro y los libertarios se pusieron de acuerdo fue en su intento de eliminar las asignaciones mensuales vitalicias que perciben los presidentes y vicepresidentes. Sin embargo, Hacemos Coalición Federal y Unión por la Patria impusieron su criterio en contra de dicha eliminación con 111 votos, frente a 109 legisladores a favor. Hubo 15 abstenciones.