La Cámara de Diputados ha remitido al Senado el proyecto de ley aprobado el pasado martes, que propone un nuevo sistema de actualizaciones de los haberes jubilatorios. Esta iniciativa ha sido rechazada por el Gobierno Nacional, que ya anunció su intención de vetarla. El proyecto cuenta con el respaldo del kirchnerismo y bloques dialoguistas.
La iniciativa, que obtuvo una amplia mayoría en Diputados, está ahora lista para ser tratada en el Senado, donde se espera que sea aprobada fácilmente gracias a los 33 votos del Frente de Todos, el radicalismo y otros bloques menores.
La propuesta fue sancionada en Diputados con 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones, superando así los dos tercios necesarios para rechazar un eventual veto presidencial, herramienta que el presidente Javier Milei ha anunciado que utilizará.
Un aspecto notable de la sesión fue la ausencia de siete legisladores del Pro durante la votación, incluidos María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, así como dos diputados de Producción y Trabajo y tres legisladores del bloque Independencia, que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Este bloque ha apoyado previamente todos los proyectos del oficialismo.
El proyecto sancionado por Diputados incluye un incremento adicional del 8,1% para compensar la inflación de enero, dado que el Gobierno había otorgado un 12,5% mientras que el IPC de ese mes fue del 20,6%. Este punto ha sido centralmente rechazado por el Gobierno Nacional, que argumenta que afectará su política de déficit cero.
Además, la iniciativa establece, al igual que el DNU del Gobierno, que las jubilaciones se ajustarán de acuerdo al Índice de Inflación, pero fija un aumento adicional en marzo de cada año para cubrir las diferencias entre los porcentajes otorgados y el promedio del 50% de los salarios, conforme al Ripte.
En detalle, el proyecto especifica que “adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicará el siguiente aumento: un 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año calendario anterior. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado”.
También se establece un mecanismo para pagar la deuda con las cajas previsionales, indicando que se deberán cancelar las deudas con los recursos obtenidos de impuestos asignados específicamente a la Anses, así como el pago de las sentencias firmes dentro de los seis meses de sancionada la ley, con una posible prórroga de seis meses.
