El Gobierno busca darle prioridad a la reforma laboral en el Congreso y planea convocar a la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar. El Ejecutivo sostiene que prevé enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados en los próximos meses y asegura que intentará acercar posiciones con la central sindical. “Nuestra intención es que haya diálogo. Vamos a intentar reunir los consensos”, expresan en Nación.
Es por eso que la Casa Rosada planea dejar en segundo plano las reformas impositiva y previsional, que también tiene en carpeta y forman parte del esquema acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Sin un cambio en el régimen laboral, no tiene sentido avanzar con el resto de las reformas”, agregan en el oficialismo.
El proyecto contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir la participación estatal en los acuerdos entre privados. En Balcarce 50 no descartan que incluya la eliminación de la homologación de paritarias por parte del Estado en el marco de negociaciones entre trabajadores y empresas.
Lo mismo aplica para la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación-, la obligatoriedad de que los sindicatos elijan a sus autoridades a través de elecciones periódicas y supervisadas por la Justicia Electoral y la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos.
El Gobierno quiere insistir con la eliminación de los aportes no contributivos a sindicatos junto con la profundización de las limitaciones al derecho a huelga mediante la declaración del servicio esencial del 50% de áreas como la salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras. Apunta además a fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones.
Se trata de una de las concesiones que hizo el Ejecutivo en septiembre de 2024 con la CGT: definió no reglamentar el artículo 94 de la Ley Bases, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas. Establece que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.
El Congreso ya sancionó en 2024 la eliminación de multas al trabajo mal registrado, la ampliación del período de prueba a ocho meses junto con la creación del fondo de cese laboral optativo, entre otros. En Nación mantienen la postura además de no homologar paritarias por arriba de la inflación más allá de las tensiones con los sindicatos.
Los encargados de llevar adelante el vínculo con la central gremial son el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Buscarán acercar posiciones en el mediano plazo con los líderes gremiales Gerardo Martínez (Unión Obrera de la Construcción), Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN). “El paro no afectó nuestro vínculo con el sindicalismo”, agregan en el oficialismo. /TN
