Para la entidad, la decisión de la jueza Lucila Córdoba «es una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible».
En un duro comunicado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), como Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8 que prohíbe «la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación de cualquier tema» que refiera al periodista Jorge Lanata y su esposa la abogada Elba Marcovecchio, considerando que se trata de «un inaceptable caso de censura judicial».
Al respecto, la entidad consideró que la decisión de la jueza Lucila Córdoba «es una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa».
«El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado», indicó la nota de Adepa, precisando que la directiva de la entidad remarcó que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa».
«Así, por ejemplo, el caso de la película ‘La Última Tentación de Cristo’ contra Chile», citó Adepa en su comunicado, destacando que «el juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación».
La entidad periódista agregó que la decisón de la jueza Córdoba «puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, lo que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público».
FOPEA
FOPEA advierte que la medida afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía y que su aplicación pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa. La jurisprudencia nacional e internacional indica que el honor, la intimidad y otros derechosde un individuo no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios. Mucho más cuando se trata de información vinculada a personas públicas.
Lanata es una persona pública de reconocida trayectoria, que en forma voluntaria ha comentado e informado sobre aspectos personales de su vida. Desde luego, son objetivos irrenunciables para los periodistas el rigor y la precisión en el manejo de datos con el fin de alcanzar una información completa, exacta y diversa. No obstante, la buena práctica debe desarrollarse en un marco de pleno acceso a la información. Por ese motivo, FOPEA exige la inmediata restitución de los derechos constitucionales a la libertad de prensa y de expresión claramente vulnerados con esta decisión judicial.»
