Diego Spagnuolo llegó este martes a los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en uno de los expedientes judiciales más sensibles que enfrenta el gobierno de Javier Milei.
La Justicia puso en marcha una nueva ronda de indagatorias que se extenderá hasta fines de mayo y alcanzará a 35 imputados, en una investigación que analiza supuestas irregularidades en contrataciones vinculadas a medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad y beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi encabezaron el inicio de esta segunda tanda de declaraciones. Spagnuolo fue convocado para ampliar su indagatoria, ya que se encuentra procesado junto a otros acusados, aunque esa decisión todavía está siendo revisada por la Cámara Federal porteña.
Tras su presentación, también debía declarar Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como segundo de Spagnuolo dentro del organismo.
La acusación: contrataciones direccionadas y presuntas coimas
Según la investigación impulsada por la fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), los imputados habrían integrado una asociación ilícita destinada a manipular procesos de contratación pública dentro de la ANDIS para beneficiar a empresas proveedoras previamente seleccionadas.
La causa apunta especialmente a la compra de medicamentos de alto costo e insumos médicos vinculados a amputaciones, cardiología, audífonos, implantes cocleares, neurología, traumatología y otros tratamientos de alta complejidad.
Estas prestaciones estaban destinadas a beneficiarios de pensiones no contributivas sin cobertura médica, en su mayoría personas con discapacidad o en situación de alta vulnerabilidad social.
De acuerdo con la acusación, se habrían simulado procesos competitivos entre oferentes, cuando en realidad las adjudicaciones ya estaban direccionadas de antemano, permitiendo beneficios económicos ilegales y el pago de retornos a funcionarios.
El rol del sistema SIIPFIS y las empresas bajo sospecha
Uno de los puntos centrales del expediente es el uso presuntamente direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024.
Según los fiscales, este sistema habría sido utilizado para canalizar compulsas de precios manipuladas, favoreciendo a droguerías y empresas proveedoras vinculadas a la estructura investigada.
Entre las firmas mencionadas aparecen Profarma S.A., Génesis S.A., Floresta S.A. y New Farma S.A., que habrían concentrado gran parte de las licitaciones millonarias.
Solo en el rubro medicamentos, se investigan 21 contrataciones por más de $30.000 millones, donde Profarma y Génesis habrían recibido más del 93% de las adjudicaciones entre julio de 2024 y agosto de 2025.
En el caso de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, las cifras también superan los $9.500 millones.
El papel de Spagnuolo y el resto de los acusados
Para los fiscales, Spagnuolo habría tenido un rol central dentro de la estructura, ya que como máxima autoridad de la ANDIS y exabogado personal del presidente Milei, ocupaba una posición clave para habilitar el funcionamiento del esquema investigado.
La acusación sostiene que desde ese lugar habría facilitado las condiciones para direccionar contrataciones a cambio de retornos económicos.
Garbellini, por su parte, habría intervenido en la selección de proveedores y en la coordinación de compulsas dentro del Programa Incluir Salud.
También aparece señalado el lobista Miguel Ángel Calvete, a quien se le atribuye haber actuado como nexo entre funcionarios y empresarios privados, articulando adjudicaciones y presuntos pagos ilegales.
Medidas judiciales y embargo de bienes
Como parte del avance de la causa, el juez Ariel Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre los involucrados y sobre las empresas bajo investigación, con el objetivo de evitar movimientos patrimoniales que puedan dificultar una eventual recuperación de activos.
La causa ANDIS se convirtió en uno de los expedientes judiciales más delicados de la actual gestión nacional y podría escalar aún más a medida que avancen las declaraciones y se profundice el análisis de las pruebas recolectadas.
