La mañana del viernes en Concepción se tornó inusual. Un grupo de hombres descendió de una combi, llevando consigo herramientas de trabajo: brochas, machetes y escobas. Sin esposas, pero custodiados por personal del Servicio Penitenciario, estos individuos generaron la curiosidad de los vecinos, quienes desde sus ventanas se preguntaban qué sucedía.
Al acercarse, se enteraron de que aquellos hombres eran presos del penal local, encargados de realizar trabajos comunitarios como limpieza y desmalezamiento, una acción descrita como un intento de reparar el daño causado por sus delitos. Este evento marcó el inicio del programa Todos Trabajan (Totrar), una iniciativa impulsada por la jueza de Ejecución de Concepción, Alicia Merched, en colaboración con el Servicio Penitenciario.
Merched explicó que el objetivo es involucrar a todos los internos en actividades laborales, eliminando así el ocio que caracteriza a las cárceles y buscando una autosustentabilidad económica en los penales. Esta propuesta se divide en dos componentes: ofrecer servicios gratuitos a la comunidad a través de municipios y, por otro lado, capacitar a los internos para que puedan acceder a empleos en el sector privado.
La jueza es reconocida por su labor en el sistema penitenciario, siendo responsable de denunciar el tráfico de drogas en el penal y de promover la formación de cooperativas de trabajo para los internos. Su designación por parte de la Corte Suprema de Justicia para supervisar las condiciones carcelarias y las obras en los penales muestra la confianza en su capacidad para llevar adelante estos cambios. «No hay tiempos para celebrar convenios; decidimos actuar de inmediato», afirmó Merched, refiriéndose al inicio del programa en Concepción, con planes de expansión a otras localidades.
No todos los internos pueden participar en Totrar. En esta primera fase, están incluidos aquellos que están cerca de cumplir su condena y que han demostrado buen comportamiento. Los trabajos asignados abarcan el mantenimiento de escuelas y otras instituciones públicas, un aporte que podría aliviar los problemas recurrentes que surgen con el inicio del ciclo escolar.
La jueza también abordó inquietudes sobre la seguridad, confirmando que el Servicio Penitenciario estará presente durante estas actividades, con la posibilidad de sumar a la policía provincial y vigías municipales en el futuro.
El ambicioso plan contempla la creación de talleres de formación en diversas habilidades, como instalación de aire acondicionado, electricidad, plomería y albañilería, con el fin de dotar a los internos de herramientas para su reinserción laboral en el ámbito privado.
Merched subrayó que esta capacitación podría abrir nuevas oportunidades para los internos, contribuyendo a su futuro una vez recuperada su libertad. Asimismo, se prevé un sistema de distribución de ingresos para aquellos que participen del programa, donde una parte de lo que ganen será destinada al Servicio Penitenciario y el resto dividido entre el interno y una cuenta de ahorros que solo podrá ser accedida tras su liberación.
Con la implementación de Totrar, también se ha proyectado un programa aún más ambicioso llamado Reintegración y Reparación Social (RRS), que busca crear un equipo multidisciplinario para evaluar las necesidades de la población carcelaria y establecer conexiones con organizaciones sociales y autoridades locales.
La jueza Merched argumentó que la iniciativa responde a una necesidad de cambio en el enfoque del sistema penal. Afirmó que no basta con imponer largas condenas; los condenados también deben ser dotados de herramientas que les permitan reparar el daño causado y evitar la reincidencia. «Con un trabajo, no solo se ocupa la mente del interno, sino que se le muestra un camino alternativo para ganarse la vida», reflexionó.
Reconociendo la singularidad de esta propuesta a nivel provincial y nacional, Merched expresó su deseo de que el programa se consolide y se transforme en ley, posicionando a Tucumán como pionera en la implementación de un modelo que promueva tanto la autosustentabilidad de las cárceles como la reinserción social de los internos. Su visión se alinea con los principios del gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra Patricia Bullrich, quienes abogan por un sistema que garantice que los que cometen delitos asuman la responsabilidad de sus acciones.
En este contexto, la jueza concluyó que este programa representa una oportunidad para que los detenidos puedan transformar su situación.
