En plena jornada de protesta universitaria en demanda de mayor presupuesto protagonizada por estudiantes y organizaciones políticas y gremiales, el gobierno de Javier Milei reiteró, en voz baja, que las casas de estudio públicas “son la casta”, que son utilizadas por “el antiguo régimen”, y que por lo tanto carecen de auditorías o contralores, que prometieron intensificar en las próximas semanas.
“Siendo presupuesto público, es razonable que sepamos en qué se gasta el dinero. Es lo que merecen los argentinos”, expresó el portavoz Manuel Adorni en la conferencia de prensa diaria, horas antes del comienzo de la movilización, iniciada en Plaza Houssay y que al caer la tarde culminaba en Plaza de Mayo.
Fuentes de la Auditoría General de la Nación (AGN) de la administración que culminara en diciembre pasado, y de facultades que dependen de la UBA, sin embargo, desmienten esa carencia de controles, con una salvedad: los estudios realizados, sobre todo por la Auditoría General, son referidos a un pasado relativamente reciente en algunos casos, y más lejanos en otros, dada la potestad de investigación ex post que tiene la AGN.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen), por su parte, tiene la posibilidad de investigar y auditar en base a denuncias recientes, aunque un dictamen de 2022 del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, le quitó a la sindicatura la potestad de investigar las cuentas y movimientos de fondos de las universidades.
La última auditoría aprobada por la AGN data del año pasado, pero el período auditado es de 2018.
En esa auditoría, centrada en la Facultad de Psicología de la UBA, se encontraron irregularidades en el movimiento de fondos y cuentas bancarias.
“En materia de ejecución presupuestaria, del cruce de datos realizado entre la información presupuestaria recibida de la Facultad de Psicología y los registros del Back Up de las bases de datos del sistema SIU-PILAGÁ suministrado por la Facultad, se detectaron diferencias (en los créditos y en los recursos) las cuales fueron puestas en conocimiento de la Unidad Académica para su conciliación y/o justificación, algunas de las cuales no fueron conciliadas”, dice el informe de la AGN, firmado por su entonces presidente, el dirigente radical Jesús Rodríguez.
El informe también especifica que “la Facultad llevó adelante procesos de compras y contrataciones utilizando la modalidad de Contratación Directa por trámite simplificado (régimen establecido por el Decreto 893/2012 y que fuera replicado por la Facultad a través de la Resolución CS 8240/2013) cuando dicha modalidad no se encuentra en línea con lo dispuesto del Decreto 1030/2016?.
También detectó irregularidades en el seguimiento de obras edilicias y en el seguimiento de becas otorgadas.
Otras universidades auditadas en los últimos años fueron las de Formosa y Tucumán, ambas ligadas al poder político del peronismo.
En Tucumán
En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, la casa de estudios fue cuestionada en 2019 por su convenio con la minera YMAD, y por los fondos recibidos de esa empresa para la construcción y realización de obras en la ciudad universitaria de esa provincia en los años 2014, 2015 y 2016.
En julio de ese año, la AGN aprobó el informe crítico.
Y con la Universidad Nacional de Formosa, provincia que maneja Gildo Insfrán desde 1995, fue auditada en 2018. Se analizaron los años 2012 y 2013, y el resultado fue crítico en el ítem de la ejecución presupuestaria. “El sistema de control interno imperante en la universidad, no brinda una seguridad razonable en la información, la confiabilidad y validez de la información financiera y el cumplimiento de la normativa vigente”, reza el dictamen de la AGN. Ya en 2014, la universidad se había negado a suministrar información a la auditoría.
En otros casos, el informe derivó en causas judiciales contra universidades públicas, como otros sonados casos investigados por la AGN, la SIGEN, y en algunos casos, ambas.
-Universidad de San Martín: días atrás, el exministro de Planificación, Julio de Vido, fue procesado por un convenio multimillonario de 2011 con esa casa de estudios para la creación del sistema de televisión digital, con un sobreprecio estimado en el 56%, un gasto total de $330 millones, que se basó en una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans e investigación de la AGN.
-Universidad del Chaco Austral: una de las 17 universidades creadas durante el kirchnerismo, y siempre ligada al exgobernador Jorge Capitanich estuvo investigada por distintas irregularidades en la designación de directivos en 2017. En este caso, la investigación estuvo a cargo de la Sigen durante el gobierno de Cambiemos y también por la AGN.
-Universidad de Madres de Plaza de Mayo: a través de la fundación que lleva el mismo nombre, una de las universidades más cuestionadas por el gobierno de Javier Milei, participó del fallido plan de construcción de viviendas, Sueños Compartidos. La AGN había emitido un lapidario informe en 2014 (con Leandro Despouy como titular del cuerpo de auditores) que derivó en una causa judicial.
Más allá de esas investigaciones, recientes y no tanto, el Gobierno insiste en que “las universidades no se dejan auditar”. Ex auditores contestan que esa es una facultad de la AGN (como brazo del Congreso), y que las investigaciones, tarde o temprano, se llevan a cabo. /La Nación
