El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales y entes del Estado durante su gobierno.
La causa iniciada por el fiscal federal Ramiro González, es a raíz de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, quien ya pidió las primeras medidas de prueba. Según el expediente, la imputación también alcanza al ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y al empresario Héctor Martínez Sosa.
El funcionario judicial solicitó pruebas a la Jefatura de Gabinete sobre información de antecedentes al decreto 823/21, firmado en diciembre de 2021 por el ex mandatario, el ex jefe de Gabinete Juan Manzur, y el por entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. A través de esta resolución, las entidades públicas se vieron obligadas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante la gestión del Frente de Todos.
La abogada Martínez denunció una supuesta “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro”, la cual fue revelada en una columna de Clarín, del editor general Ricardo Roa. En el documento, acusó a Fernández y Pagliano de “violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.
El caso recayó en el juzgado 11, a cargo momentáneamente del juez federal Julián Ercolini. El fiscal González, subrogante de la Fiscalía de Carlos Rívolo, respondió a la consulta del magistrado de la siguiente manera: “Tenga por efectuado el correspondiente requerimiento de instrucción e impulsada la acción penal por parte de este Ministerio Público, en orden al hecho descripto”.
“Puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”, agregó.
La denunciante apuntó contra las supuestas irregularidades que habrían ocurrido, luego del mencionado decreto, con las contrataciones de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados.
“Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”, sostiene el documento al que obtuvo acceso Perfil. “Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales”, añade.
El fiscal también consideró que la Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”.
Además, el Dr. González reclamó que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
