La medida fue establecida mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y restringe la difusión de información vinculada con las adquisiciones. La decisión se conoce en medio de los reclamos argentinos por Malvinas y del proceso de reequipamiento militar.
El Gobierno nacional declaró secreto militar a operaciones vinculadas con la compra de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas, por considerar que la divulgación de esa información podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
La medida implica restricciones a la publicidad de información relacionada con el proceso de adquisición, incluyendo aspectos vinculados con las características del equipamiento y las operaciones contractuales correspondientes.
La decisión se conoce además en un contexto marcado por el reequipamiento de las Fuerzas Armadas y los reclamos diplomáticos y judiciales de Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Qué establece el decreto
La normativa utiliza la definición de secreto militar prevista en el Decreto 9390/63, que alcanza a información, materiales, proyectos, obras, hechos o asuntos que, por razones relacionadas con la seguridad nacional y los medios de defensa, deban ser conocidos únicamente por personas autorizadas.
Entre los fundamentos, el Ejecutivo hizo referencia a la Ley de Defensa Nacional 23.554, que establece que la Defensa Nacional debe garantizar de manera permanente la soberanía e independencia del país, su integridad territorial y su capacidad de autodeterminación.
También citó la Ley 24.948, que asigna al Ministerio de Defensa la responsabilidad de evaluar y decidir sobre los requerimientos de equipamiento de las Fuerzas Armadas de acuerdo con las capacidades operativas necesarias.
Según lo expresado en el decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuya “naturaleza, características y finalidad” requieren mantener su contenido fuera del conocimiento público.
El Ejecutivo argumentó que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación.
Las compras quedarán exceptuadas de las reglas de publicidad
A partir de la decisión, las operaciones contractuales relacionadas con esas adquisiciones serán consideradas secreto militar.
Los organismos encargados de realizar las compras deberán continuar con los procedimientos correspondientes, pero quedarán exceptuados de las disposiciones relacionadas con la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
De esta manera, parte de la información habitualmente disponible sobre las contrataciones públicas quedará restringida por razones de seguridad.
La medida se conoce en medio de la disputa por Malvinas
La decisión fue publicada pocos días después de que el Gobierno argentino avanzara con una nueva presentación internacional vinculada con las Islas Malvinas.
La semana pasada, Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, una solicitud de medidas provisionales para intentar impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno sostiene que las actividades hidrocarburíferas autorizadas por el Reino Unido en el área son unilaterales y afectan los derechos soberanos reclamados por la Argentina.
La presentación busca que se suspendan las actividades mientras avanza el procedimiento arbitral iniciado el pasado 28 de septiembre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En ese escenario, el Ejecutivo mantiene en paralelo su política de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, aunque la nueva declaración de secreto militar limitará el acceso público a información sobre determinadas adquisiciones destinadas al sistema de defensa.
