Las oficinas del Ministerio del Interior, que encabeza Darío Monteros, registraron un incesante movimiento durante la semana que pasó, protagonizado por una decena de intendentes justicialistas que ya suscribieron el nuevo Acuerdo Fiscal Municipal, mediante el cual la Provincia garantizará el pago de los salarios de todas las comunas que adhieran a esta nueva versión del que antes se llamó Pacto Fiscal.
Hasta el momento, la única administración identificada con los colores políticos del oficialismo que se negó a rubricar el convenio fue Burruyacu, cuyo intendente, Jorge Leal, confía en poder sostener el equilibrio presupuestario sin necesidad de incrementar el nivel de endeudamiento con el estado provincial.
Es probable que a esa nómina de jefes comunales peronistas se sumen esta semana el resto de la nómina de ese signo político y también los tres que han alcanzado intendencias de la mano de Juntos por el Cambio: Ana Quiles (Bella Vista), Pablo Macchiarola (Yerba Buena) y Alejandro Molinuevo (Concepción).
Mientras se protocolizan los convenios, el Ministerio del Interior ya alistó las liquidaciones salariales, con el fin de que los municipios cuenten con el dinero que requieren para cubrir la planilla salarial en el mismo momento en que el Poder Ejecutivo anuncie el cronograma de pagos para el resto de los estatales.
Lo que sí lleva su tiempo es la formalización de la documentación en la que los municipios se allanan a cotejar con la Provincia el estado de la deuda anterior que, según los cálculos oficiales, rozaría los $ 100.000 millones entre todos las municipalidades que han venido recibiendo dinero de la Casa de Gobierno.
“La prioridad es la planilla salarial de todos los trabajadores municipales, que está garantizada, más los distintos funcionamiento que tienen los municipios”, manifestó el ministro del Interior.
Frente a las restricciones que el Gobierno nacional ha impuesto en el gasto público, las provincias ya no cuentan con recursos discrecionales o no automáticos que habitualmente se distribuían entre los municipios con el fin de motorizar programas de trabajos públicos.
El gobernador Osvaldo Jaldo, ha decidido mantener el esquema financiero de ayudas para que no se corte la cadena de pago de salarios en los distritos del interior. Sin embargo, el convenio de este año no estipula el financiamiento para la obra pública.
La intención del Poder Ejecutivo es que los mismos intendentes hagan el esfuerzo fiscal para generar ahorros y contar con fondos propios para los trabajos que demanden los vecinos.
La Provincia ha determinado que, en el próximo semestre, los intendentes que sean parte del nuevo pacto social deben ajustar un 20 por ciento sus erogaciones. Paralelamente, tendrán que mejorar la percepción de las tasas municipales.
Con el crecimiento de la recaudación propia podrá generarse una fuente de financiamiento para obras públicas. Por esa razón, el Gobierno ha puesto a disposición de las jurisdicciones del interior los padrones de las direcciones de Rentas y de Catastro, con el fin de identificar nuevos contribuyentes y/o ampliar la base imponible.
Hacia fines de junio, el Poder Ejecutivo volverá a citar a los intendentes para reformular el Acuerdo Fiscal Municipal. Por un lado, se hará un profundo análisis de cómo ha sido el comportamiento financiero tanto por el lado del gasto como de los ingresos. Así, se sabrá si es que se cumplieron las metas fiscales. Por el otro, ya estará listo el plan de refinanciación de las deudas municipales, con un sistema de largo plazo.
El nuevo acuerdo fiscal fue anunciado hace 10 días por el gobernador, mientras se negociaba con la Nación la restitución de fondos coparticipables. “En el marco de crisis que vivimos y con las pautas de austeridad que hemos dado a conocer desde el primer día que asumimos, ahora le decimos a los intendentes que deben hacer un mayor esfuerzo recaudatorio y bajar los gastos para llegar a la autonomía”, afirmó Jaldo en aquella oportunidad.
No obstante, el mandatario dispuso que las maquinarias pesadas y el personal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos sean afectadas a las obras que actualmente se están ejecutando en el marco del Plan Prelluvia y de contención contra inundaciones, independientemente de los acuerdos con los municipios y con las comunas rurales.
El Ministerio del Interior ha incorporado en el Acuerdo Fiscal Municipal una nueva cláusula con el fin de evitar litigios entre la Provincia y las intendencias del interior. Se trata de un artículo en el que el Poder Ejecutivo le solicita a las Municipalidades que desistan a iniciar cualquier acción judicial contra el Estado provincial una vez que esa jurisdicción se encuentre dentro del programa que establece asistencia financiera para pagar salarios.
Según se pudo saber, es un paraguas jurídico para evitar que los municipios endeudados con anterioridad denuncien los anteriores convenios, que les valieron deudas a cambio de la cesión de los fondos de coparticipación (nacional y provincial) y del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) como garantía de los préstamos con los que los intendentes dentro del viejo Pacto Social, podían cumplir con el pago de salarios y financiar obras públicas y actividades culturales.
