Cristina Kirchner escuchó durante cuatro horas la lectura del requerimiento de elevación a juicio: una explicación de cómo funcionaba la “organización criminal” que operó desde las “más altas esferas del Estado”. En el transcurso de esa primera audiencia del juicio de los Cuadernos de las Coimas, el tribunal dio detalles de las 40 coimas que recibió de un total de 204 que se le atribuyen. Ese primer tramo expone que llevaron al departamento de Uruguay y Juncal más de 10,4 millones de dólares.
Según determinó la justicia federal, durante doce años hubo un aceitado mecanismo que permitió a un grupo de funcionarios que integraban el Ministerio de Planificación Federal recaudar fondos ilegales que eran direccionados a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
Cuando concluyó la etapa de instrucción, el fiscal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación que se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.
Así, solicitó que la expresidenta Cristina Kirchner fuera a juicio como jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del gobierno, entre 2003 y 2015. Además, le imputó ser coautora, en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo.
En base a las pruebas que conformaron el expediente, se estableció “la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.
Por eso se señaló que los líderes y organizadores de esa estructura “paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”.
Existió un sistema “ilegal de recaudación” con dos canales que funcionaban de manera independiente, aunque complementarios y funcionales entre sí.
Por un lado, había una “vertiente directa en la que no había ningún tipo de intermediario, puesto que eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios” y se comunicaban directamente con ellos.
La segunda rama estaba integrada por otros funcionarios, y por Ernesto Clarens y Carlos Wagner. “Si bien los dos grupos tuvieron una actuación conjunta, aunque distinta, en cuanto a sus integrantes y a su implementación, ambos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo de la Nación”.
Un dato relevante en esta causa son los 24 imputados colaboradores, que corroboraron las maniobras ilícitas investigadas. Desde ex funcionarios como Claudio Uberti y José López, el chofer Oscar Centeno, empresarios Aznar, Calcaterra, Pescarmona, Loson, Roggio, Alberto Tasselli, Jorge Juan Mauricio Balán, Juan Carlos De Goycoechea, Claudio Glazman, Gabriel Pedro Losi, Marcela Edith Sztenberg, Patricio Gerbi, Héctor Javier Sánchez Caballero, Francisco Rubén Valenti, Jorge Guillermo Neira y Rodolfo Armando Poblete.
Con ese telón de fondo inició el juicio de los cuadernos de las Coimas, con 60 empresarios sentados en el banquillo de los acusados, fueron ellos según sostiene la acusación quienes realizaron un “aporte indispensable” para que se concrete la maniobra. Los responsables de juzgar a la asociación ilícita son los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. La fiscal general Fabiana León, es quien tendrá a cargo la acusación.
Después de cuarenta minutos de lectura del requerimiento de elevación a juicio oral, la secretaria del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) leyó el mecanismo de funcionamiento de la asociación ilícita.
“Tengo por cierto y demostrado que Cristina Fernández, Julio De Vido, Roberto Baratta, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Centeno, Gerardo Ferreyra, Germán Nivello, José López y Oscar Alfredo Thomas integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde mayo de 2003 y hasta noviembre de 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”, se leyó.
Con relación a la ex Presidenta, se leyó durante la audiencia que “se encuentra acreditada su intervención en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Kirchner –respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-”.
Acto seguido se comenzó a leer los 40 hechos de cohecho pasivo atribuidos a Cristina Kirchner en la “causa madre”. Después suma 164 coimas más, investigadas en dos causas conexas que también son juzgadas desde este jueves.
Los primeros 14 hechos leídos suman 4,5 millones de dólares que recibió la ex Presidenta. Después hay otros cinco sobornos pagados por Electroingeniería cuando era presidida por Gerardo Ferreyra, que no figuran con cifra de dinero. En igual condiciones se leyeron 14 coimas de diversos empresarios que terminaron como destino final en Uruguay y Juncal, sin un valor asignado.
Cinco sobornos más atribuidos a la ex mandataria por un valor de 5,9 millones de dólares.
Es así que en 19 de los 40 hechos de cohechos pasivo leídos y que son parte de la acusación contra Cristina Kirchner leídos este jueves, ascienden a 10.400.000 dólares.
Durante las próximas audiencias esa cifra aumentará sustancialmente: restan leer 164 hechos de coimas por los que debe responder la presidenta del Partido Justicialista Nacional. /Clarín
