En los últimos días se supo que la ex presidente Cristina Kirchner planea ir a los tribunales, en cuanto termine la feria judicial, con el fin de recuperar la jubilación de privilegio que permanece suspendida por ANSES debido a tras la ratificación de la condena por corrupción en la causa Vialidad.
El apoderado de la ex presidenta, Facundo Fernández Pastor, planteó ante el titular del organismo que la decisión “viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional” y reclamó los haberes retenidos y los intereses acumulados. Además, calificó la actitud del Poder Ejecutivo como “un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo” e insistió en que la Anses no tiene la potestad legal para dar de baja un beneficio.
El abogado también informó que la Anses todavía no respondió el reclamo administrativo, y agregó: “por supuesto que, en el caso que lo rechace iniciaremos la acción de nulidad del acto administrativo ante la Justicia Federal de la Seguridad Social”.
No están cobrando nada
Según informó la Anses al diario La Nación, “no están cobrando nada de nada, ni Cristina, ni Amado Boudou, en caso de que el organismo tome en cuenta su pedido de nulidad será después de la feria judicial, pero ahora no cobran un peso”.
Con la negativa por parte de la gestión libertaria de devolver los $21.827.624 mensuales que percibía la ex presidenta, la contienda se debatirá en la Justicia Federal de la Seguridad Social, en donde el representante de Cristina sostiene que debe reintegrarse la jubilación porque “la pensión de los ex presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la Nación”.
Sin embargo, el oficialismo sostiene que la indignidad de la ex titular del Ejecutivo nacional es motivo suficiente para que se suspenda los haberes, basados en su condena por corrupción.
Vale destacar que Cristina cobraba una jubilación propia, la pensión como viuda de un ex presidente y un plus porque su domicilio estaba asentado en la Patagonia, lo que sumaba casi $22 millones mensuales.
