De aprobarse, esta ley otorgaría al Ejecutivo poderes para reorganizar y eliminar una amplia gama de organismos públicos y privatizar empresas estatales
Tras meses de negociaciones, el tratamiento de la renovada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y del llamado paquete fiscal -también reformulado- comenzará este lunes en el recinto de la Cámara de Diputados, días después de que el oficialismo obtuviera en comisiones los tan ansiados dictámenes para debatir ambas iniciativas en el pleno del órgano legislativo.
Se trata de un desafío para el Gobierno, ya que diversos sectores de la oposición reclamarán modificar puntos de la iniciativa central que pasó de más 600 artículos a cerca de 200 y que, de aprobarse, otorgaría al Ejecutivo facultades para ordenar e incluso suprimir un amplio listado de organismos públicos y someter a privatización a una decena de empresas del Estado -de las cuales el Banco Nación fue excluido-, entre otras.
En el caso de la Unión Cívica Radical (UCR), exigiría la eliminación de las “cuotas sindicales” que se descuentan de los salarios de afiliados y no afiliados para financiar las cajas gremiales.
Por su parte, Hacemos Coalición Federal buscará que el Gobierno ceda en su postura de que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sea sólo para las actividades de alto potencial e insistirá en que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) puedan ingresar al sistema, aunque con un piso más bajo.
Asimismo, el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto le achacará al Ejecutivo su resistencia a revisar los gastos tributarios, que privan al Estado de recaudar miles de millones de pesos que podrían aminorar la dureza del ajuste y, en cambio, favorecen a determinados grupos empresarios, entre ellos los emplazados en Tierra del Fuego.
Respecto del paquete fiscal, se espera que la oposición plantee cambios en la reversión del Impuesto a las Ganancias, que aplicará a los trabajadores solteros que perciban $1,8 millones y a los casados con dos hijos con sueldos de más $2,3 millones.
Según detalló la agencia Noticias Argentinas, varios bloques insistirán en excluir del tributo a las guardias médicas y las horas extra de las fuerzas de seguridad, mientras que los legisladores patagónicos reclamarán un párrafo especial que exima a los trabajadores de la región por enfrentar costos de vida más altos.
A su vez, habrá voces que adviertan sobre la regresividad en la propuesta de Bienes Personales que, además de acotar el universo de personas alcanzadas por la suba del mínimo no imponible y reducir las alícuotas a pagar, pretende establecer un régimen que le permita al contribuyente tributar cinco años en forma unificada y adelantada una única tasa, con la garantía de gozar de estabilidad fiscal en cualquier impuesto sobre el patrimonio hasta 2038.
Con el objetivo de lograr el apoyo de la oposición, el proyecto de Javier Milei fue reducido de sus 664 artículos y seis anexos originales, a 232 puntos y uno, respectivamente. En este sentido, el oficialismo acordó introducir una reforma laboral acotada y disminuyó de 41 a una decena las empresas pasibles de ser privatizadas, entre otras concesiones luego del naufragio de la medida original durante las sesiones extraordinarias del último verano.