Dos de los seis acusados por el escándalo de la mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia encontrada en un allanamiento, en noviembre de 2024, fueron condenados este jueves por la mañana a tres años de cárcel de ejecución condicional, mediante un juicio abreviado concretado en el fuero penal de tribunales.
Ante el juez Sebastián Mardiza, los imputados Alberto Felipe López y Arturo Alejandro Augier -ambos representados por el abogado Javier Lobo Aragón- admitieron su participación en la maniobra detallada por la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Brenda Deroy, y aceptaron la pena fijada por el delito de peculado, así como el cumplimiento de una serie de reglas de conductas, entre ellas, “realizar trabajos no trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo”.
Si bien los investigadores calificaron a Juan Alberto López Cansillieri -hijo de López- como supuesto cabecilla de un grupo dedicado a vender mercadería asignada por Desarrollo Social, este sospechoso -que también fue detenido con prisión preventiva- no formó parte del acuerdo, y no se descarta que deba afrontar un juicio oral y público por el escándalo de la comida hallada en Manantial Sur.
La querella, representada por José María Molina (Fiscalía de Estado), también se expresó de conformidad con lo pautado, en un expediente que logró su cierre -en el caso de dos acusados- a menos de seis meses de iniciada la investigación.
Además, para el caso de López, se incluyó en el acta de juicio abreviado la pena de inhabilitación absoluta perpetua para revestir un cargo como funcionario público, dado que al momento de los hechos había formado parte de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel, disuelta tras el recambio de gestión), y también de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, donde dejó de prestar servicios al ser desvinculado por un sumario administrativo.
Con el acuerdo y por el tipo de la condena, tanto López (coautor material) como Augier (partícipe necesario) recuperaron la libertad por pedido de la defensa, dado que el primero había sido alojado en la seccional 15, mientras que para el segundo se había dictado el arresto domiciliario.
El caso: allanamiento y escándalo
El 25 de noviembre de 2024, la Policía concretó un allanamiento por una causa caratulada como “lesiones leves agravadas” en contra de Juan Alberto López Cansillieri. En el operativo, concretado en barrio Manantial Sur, se halló un importante volumen de mercadería que había sido otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para su entrega a personas en situación de vulnerabilidad, a través de organizaciones sociales.
En esa ocasión, se secuestraron 792 cajas de puré de tomate, 615 botellas de aceite, 900 paquetes de arroz, 1.180 paquetes de yerba, 945 paquetes de fideo, 1.190 paquetes de harina, 1.010 paquetes de lenteja, 790 paquetes de azúcar, 30 paquetes de harina y 40 unidades de leche en polvo.
Según detalló el MPF, la investigación demostró que estos productos habían sido otorgados bajo el formato de módulos para su entrega a personas vulnerables. De hecho, en otros allanamientos por esta causa secuestraron más productos asignados por Desarrollo Social a organizaciones sociales. Además, en la pesquisa se reunieron evidencias de que, una vez acopiados, los alimentos eran comercializados, a pesar de contar con el sello “prohibida su venta”.
Además de López, López Cansillieri y de Augier, en este proceso también están imputadas Brenda Gisell Muñoz y Malvina Soledad Décima. La expectativa en el gobierno es que, tal como sucedió en la audiencia de hoy, la próxima semana se cierren sus expedientes mediante la vía de probation. /La Gaceta
