“La política del Arzobispado es la misma que impulsó en su momento el Papa Francisco respecto a este tipo de delito. Se toma la denuncia y se actúa de inmediato. Por esa razón se hizo la presentación correspondiente en el Ministerio Público Fiscal y, de manera paralela, se inició una investigación penal canónica que determinó la suspensión del sacerdote denunciado”, aseguró Juan Andrés Robles, representante legal del Arzobispado de Tucumán.
La primera semana de mayo, una joven de 16 años se presentó ante la Comisión Interdiocesana para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables creada en 2020 por pedido del arzobispo Carlos Sánchez y el fallecido obispo de Concepción Melitón Chávez. Señaló que había sido víctima de un ataque sexual por parte del sacerdote Eduardo López a principio de este año.
“La entrevistamos junto a la psicóloga María Inés Hernández e inmediatamente se pusieron en marcha los protocolos claramente establecidos desde hace varios años. En base a eso, se aconsejó actuar de inmediato. El padre Sánchez, al enterarse de lo sucedido, ordenó que se hicieran las respectivas denuncias en la Justicia y en la Iglesia”, agregó el profesional en una entrevista con La Gaceta.
El caso se registró en una parroquia del sur de la capital tucumana cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger la identidad de la denunciante. La víctima decidió romper el silencio después de que el sacerdote fuera trasladado en abril pasado a Tafí del Valle. El caso se mantuvo en reserva hasta la semana pasada, cuando en las redes sociales comenzó a difundirse el caso y también se hicieron algunos comentarios sobre una supuesta inacción de la Iglesia. No sabían que las denuncias habían sido realizadas.
La mayoría de los feligreses del barrio donde se registró el hecho prefirieron no hablar de lo ocurrido. “La denuncia ya se hizo y hay que esperar que se resuelva. Desde hace unos días que el rumor circulaba, pero nada más que eso. Obviamente que nos sorprendió mucho. Si llega a ser cierto, por más que sea un sacerdote, merece que reciba una condena ejemplar. No debe ser protegido”, explicó Luciana Gutiérrez.
Ninguno de los entrevistados supo precisar cuáles fueron las razones por la que fue trasladado López a Tafí del Valle. “Nos sorprendió porque fue todo de golpe. Creo que fue quien lo pidió porque estaba agotado por la tarea que venía desarrollando”, aseguró Juan Carlos Ramírez. “Ahora nos damos cuenta que esta situación podría haber influenciado en su decisión”, añadió.
La causa quedó en manos del fiscal Ignacio López Bustos que está analizando con la mayor de las reservas el desarrollo del expediente. Los investigadores no descartan que al hacerse público este caso, surjan nuevas denuncias en contra del sacerdote. “Si ello ocurre, se actuará de la misma manera”, sostuvo Robles.
La Comisión
Las denuncias de presuntos abusos contra sacerdotes, monjes, diáconos, laicos consagrados, seminaristas y catequistas pueden ser informadas a la Comisión Interdiocesana para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Este comité tiene la función de acompañar y asesorar a las víctimas tanto en el proceso penal como canónico.
Los supuestos delitos endilgados a adultos no religiosos de entidades católicas (por ejemplo, parroquias y colegios confesionales, entre otros) deben ser denunciados por las respectivas autoridades directamente al Poder Judicial, según el protocolo vigente, o bien mediante la intervención del servicio jurídico del Arzobispado.
La postura de Iglesia local respecto de los abusos podría resumirse en cuatro líneas de acción:
1) La denuncia inmediata de los hechos en la Justicia penal.
2) La implementación del “Protocolo de actuación para personas responsables de menores”.
3) La capacitación y reflexión de los integrantes de los distintos órganos que forman la Iglesia
4) El monitoreo específico de la conducta de los religiosos.
