El viernes último se llevó a cabo una audiencia multipropósito en el marco de un caso que involucra a un empresario acusado de estafar a más de 20 personas en Tucumán. La audiencia tuvo como finalidad solicitar la autorización de procedimiento para asuntos complejos, la prórroga de arresto y la reformulación de cargos. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal, representada por la auxiliar de fiscal María Paula Bellomio.
El acusado, identificado como Juan Matías Albano Szantos, enfrenta cargos por estafas reiteradas en al menos 26 ocasiones. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una serie de pruebas documentadas que exponen cómo Albano habría utilizado diversas tácticas fraudulentas para engañar a sus víctimas. Entre los casos más destacados, se encuentra el de una mujer de 90 años que, en noviembre de 2020, pagó $13.000 por un automóvil VW Gol Trend 1.6, modelo 2014, además de $12.000 adicionales en cuotas mensuales durante dos años, sin haber recibido el vehículo prometido.
La Fiscalía detalló que Albano montó una empresa de planes de ahorros en Tucumán, utilizando el nombre “Moto Cuotas” para captar a sus víctimas. Esta empresa, que ofrecía la compra y venta de vehículos, funcionaba como una fachada para atraer a personas que soñaban con adquirir un automóvil o motocicleta. Sin embargo, tras concretar las transacciones, los vehículos nunca eran entregados, lo que dejó a las víctimas sin el bien prometido y sin el dinero invertido.
Otro de los casos documentados por la Fiscalía incluye la firma de contratos de compra y venta de vehículos que nunca fueron entregados, la emisión de cheques que resultaron rechazados por falta de fondos, y la promesa incumplida de entregar motocicletas. Las víctimas, muchas de ellas residentes en la provincia de Tucumán, depositaron su confianza en la empresa de Matías Albano, pero terminaron siendo estafadas.
En su declaración, la auxiliar de fiscal Bellomio señaló la complejidad de la investigación debido a la multiplicidad de víctimas y la existencia de otros posibles damnificados que aún no han sido identificados. “Estamos ante una causa de compleja investigación, con multiplicidad de víctimas, y no se desconoce que haya otros damnificados”, afirmó Bellomio. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) colabora en las medidas del caso, aportando su pericia para esclarecer los hechos.
Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó la prórroga del arresto de Albano, argumentando la necesidad de continuar con la investigación y prevenir posibles intentos de fuga. La jueza interviniente resolvió hacer lugar a los pedidos de la acusación pública, lo que permitirá que el imputado permanezca detenido mientras avanza la causa.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, Matías Albano habría constituido diferentes sociedades que no eran solventes, sino simples fachadas para captar clientes a través de redes sociales. A través de estas plataformas, el acusado promocionaba la venta de vehículos bajo condiciones aparentemente ventajosas, logrando así engañar a un número significativo de personas en Tucumán.
Entre los testimonios recabados por la Fiscalía, se destacan relatos de personas que, movidas por la ilusión de adquirir un vehículo propio, entregaron importantes sumas de dinero a Albano, confiando en las promesas de la empresa “Moto Cuota”. Sin embargo, al igual que en otros casos, las promesas nunca se materializaron, y las víctimas quedaron sin el producto adquirido.
La acusación
Según la pesquisa, aparentando ser dueño de una empresa solvente cuyo nombre comercial es “MOTO CUOTA”, con local comercial visible al público ubicado en calle San Martín 890 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a sabiendas que no tenía el sustento económico para hacer frente a las operaciones comerciales que realizaba de manera constante, con intención clara de perjudicar a los clientes y sabiendo que no iba a cumplir con el acto comercial que se llevaría a cabo, realizó contratos que consistían en que los damnificados debían abonar la suscripción de planes, pago de cuotas mensuales y contratos de compraventa de vehículos que nunca llegaba a entregar, desapareciendo al momento en que tenían que cumplir con sus obligaciones, llegando a 26 hechos imputados por parte de la acusación pública
