Este viernes por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), se llevó a cabo una audiencia a los fines de exponer un convenio de juicio abreviado rubricado por el fiscal Carlos Picón, titular de la Unidad Fiscal de robos y Hurtos II; los acusados Miguel Eduardo Figueroa (40) y Marcela Noemí Díaz (42); y sus defensores técnicos.
Esto en el marco de la causa que investigó las amenazas proferidas al gobernador Osvaldo Jaldo, el juez penal Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Carlos Sale, mediante un audio de WhatsApp, el 16 de marzo de este año.
Según lo pactado por las partes, “Miguelón”, que está cumpliendo condena perpetua por dos homicidios en la Cárcel Federal de Ezeiza, recibió la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, como autor del delito de amenazas coactivas agravadas; en tanto que Díaz, resultó condenada a dos años de ejecución condicional con la obligación de observar reglas de conducta, como partícipe necesaria del delito de amenazas. Ambos reconocieron su participación y culpabilidad en los hechos atribuidos.
“Figueroa utilizó el audio para amenazar de muerte a jueces, fiscales, al gobernador y a los hijos de ellos, con la intención de intimidar, amedrentar y coaccionar a los funcionarios públicos, en represalia por su condena y para obtener el beneficio de su trasladado a la provincia de Tucumán. Respecto a Díaz, admitió colaborar, sin embargo, su comprensión del hecho fue de forma limitada, porque reconoció que sabía que el mensaje era amenazante, pero no tenía conocimiento ni voluntad de participar en un hecho más gravoso”, sostuvo Picón, quien estuvo acompañado por su auxiliar Gustavo Benjamín Zavalía.
Tras un cuarto intermedio para comunicar su resolución, el juez interviniente decidió declarar admisible el acuerdo pleno de juicio abreviado.
Las amenazas al gobernador Jaldo
En circunstancias que Figueroa se encontraba privado de su libertad en el marco de dos causas por homicidio agravado, habiendo sido trasladado al penal de Marcos Paz (provincia de Buenos Aires) desde el 6 de septiembre del 2024, tras haber fallecido su hijo el día 16 de marzo del año 2025, al día siguiente “Miguelón” solicitó su traslado a Tucumán para asistir al velorio.
Al mismo tiempo, y aprovechando que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal de Marcos Paz, le permitieron hacer una llamada telefónica con su esposa, concubina o expareja, Díaz, es que acordó con ella grabar un mensaje de audio por WhatsApp dirigido al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez Gonzalo Ortega y a los fiscales penales Ignacio López Bustos, Pedro Gallo y Carlos Sale, a quienes amenazó de muerte, como así también a sus familias, manifestándoles que pagarían por lo que le estaban haciendo.
A través de ese mensaje intimidatorio buscó amedrentar y presionar al más alto funcionario del Poder Ejecutivo y autoridades judiciales que intervinieron tanto en su traslado como en los procesos condenatorios (por los delitos de homicidios agravados) a los fines de coaccionarlos para que accedan a su pedido de viajar hacia Tucumán.
En esas circunstancias, Díaz, conociendo el contenido amenazante del audio y con la intención de que sea conocido por las personas nombradas en el mismo, a las 09:55 horas del 17 de marzo, desde su teléfono envió dicho audio al celular de una periodista tucumana, quien a las 14:43 horas de ese mismo día decidió compartirlo al fiscal Sale y éste hizo lo propio con las otras víctimas.
Todo esto con el fin de amedrentarlos y lograr obtener de los mismos, mediante presiones o coacción, el traslado a la provincia de Tucumán que Miguelón había pedido ese mismo día.
