El periodista Ezequiel Guazzora (41) entró esposado, saludó al tribunal y esperó tranquilo. Miró todo el tiempo a los jueces mientras leían el veredicto: por unanimidad decidieron condenarlo a la pena de 10 años y 6 meses por el delito de abuso sexual agravado, lesiones leves y resistencia a la autoridad.
Guazzora llegó a juicio acusado de “abuso sexual agravado por haberse cometido con acceso carnal” y la “promoción o facilitación de la corrupción de menores de 18 años”. Se abrazó con su abogado, Adrián Albor, y esperó el veredicto que se dio a conocer alrededor de las 13 en los tribunales de Paraguay 1536, en la Ciudad de Buenos Aires.
La madre de la víctima, de la que no se difundió la identidad para preservar a la niña, también resultó condenada a la pena de 10 años de prisión como cómplice necesaria.
La justicia, además, ordenó que extraigan muestras de Guazzora para que sean incorporadas al registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. El 6 de febrero, anunciaron, darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
Por la mañana, el periodista se sentó frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 y dijo: “Tengo la tranquilidad de que yo soy inocente de lo que se me está causando. Yo creo en la Justicia, quizá muchas veces me cuestioné creer en el Poder Judicial, pero yo creo en la justicia, necesito creer en la justicia”.
“Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La fiscalía se asombro por el silencio del imputado, sin embargo lo tomó como un partido de fútbol: a toda costa hay que ganar. En un juicio hay que buscar la verdad, ustedes señores jueces tienen que buscar la verdad. Hace más de un año que estamos detenidos, atrás hay una familia que sufre con nosotros”, aseguró Guazzora que ahora tiene el pelo largo, barba y vestía una chomba amarilla, campera azul y un pantalón de jogging.
“Se ha dicho cualquier barbaridad, como si me conocieran, como si hubieran compartido conmigo: un monstruo Guazzora”, cuestionó y criticó duramente a la fiscalía a quien acusó de haber dado un alegato “vacío de contenido”.
El periodista fue detenido el 21 de octubre de 2023 luego de permanecer prófugo 67 días. Lo encontró la Policía Federal escondido en una casa de Merlo, al oeste del Gran Buenos Aires.
En las elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) 2023 el periodista formó parte de la lista de Guillermo Moreno, precandidato a presidente. Integró la lista como precandidato a diputado provincial. Esa lista finalmente no alcanzó el piso necesario para llegar a las elecciones generales.
Por decisión de la fiscalía, la Policía fue a buscar a Guazzora para secuestrarle el celular en la escuela que le correspondía de acuerdo al padrón electoral. Pero no se presentó.
La hipótesis de los investigadores era que alguien le había avisado, algo que se confirmó este viernes: “Creo que hubo animosidad por parte de la fiscalía. En la instrucción hubo animosidad. Si el 3 de agosto me golpeaban la puerta yo estaba. Me entero por un colega que me llama para avisarme que estaba yendo a mi detención. Si vas a meter preso a alguien, vas al domicilio. No a una escuela en la que va a votar y llamás a los medios”, cuestionó.
Lo cierto es que, a pesar de ese aviso y del cuestionamiento por la forma de la detención, después de ese día lejos de presentarse en la justicia Guazzora decidió escaparse durante dos meses, cortarse el pelo y afeitarse para mantenerse escondido.
Finalmente lograron capturarlo por entrecurzamientos de llamadas y antenas de teléfono celular. Además de tareas de campo encubiertas que “se fueron realizando día tras día de manera minuciosa por los pesquisas, acorde a datos aportados por testigos a la línea 134”, porque días antes de su detención, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 4 millones de pesos para quien brindara información sobre su paradero.
Guazzora tiene además una condena previa de tres años de prisión en suspenso por el Tribunal Oral en lo Federal N°3 por acosar a una diputada y por coacción agravada, además de otra de 6 meses por golpear a dos policías en un garaje en 2021. Por eso, la condena unificada es de 12 años y seis meses: su condena terminaría el 12 de octubre de 2035.
Conectada virtualmente, la madre de la víctima está siendo juzgada como partícipe necesaria y por la facilitación de promoción o facilitación de la corrupción de menores de 18 años, representada por un defensor oficial.
La mujer, de la que no se difunde la identidad para proteger a su hija, también hizo uso de su derecho y expresó: “Quiero decir que de todo lo que se ha dicho, de todo lo que pasó, mi hija nunca estuvo en la casa de Guazzora”.
La fiscal de juicio fue Ana Helena Díaz Cano, a cargo de la Fiscalía N° 15 ante los Tribunales Orales, mientras que Adrián Albor representa a Guazzora. El defensor oficial Ricardo Richiello representó a la otra imputada.
De acuerdo a esa denuncia, Guazzora le ofreció mediante mensajes de texto, dinero, drogas y otros objetos a la madre de la adolescente a cambio de que le permita mantener relaciones sexuales con la joven.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de la causa, señaló que Guazzora habría conocido a la madre de la menor en el marco de una reunión política, ya que era empleada del Ministerio de Producción y Trabajo y que, por medio de una transferencia bancaria, le habría pagado 100 mil pesos por un “encuentro íntimo” con su hija, de 14 años.
El abuso sexual, según detallaría la víctima en Cámara Gesell, fue en el departamento de Guazzora, en Neuquén al 1000, de Caballito. Al tiempo, la adolescente fue internada en una clínica psiquiátrica de Lomas de Zamora.
En esa comunidad terapéutica habría denunciado los abusos y la acompañaron para realizar la denuncia penal.
La estrategia de la defensa fue desacreditar el relato de la víctima cuestionando su salud mental y el diagnóstico que la llevó a una internación. También buscaron que no sea tomando en cuenta el desgarrador relato que hizo la joven en Cámara Gesell porque las partes no fueron debidamente notificadas y no se les permitió hacer preguntas.
Esos dos elementos fueron clave para que los jueces Maximiliano Dialeva Balmaceda, Marcelo Roberto Alvero y Javier Esteban de la Fuente, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 tomen una decisión. /Clarín
