La Justicia provincial investiga a una financiera tras una serie de denuncias por posibles estafas, que involucraría un monto acumulado de, al menos, $80 millones, según informaron fuentes judiciales.
Esta mañana, se realizaron ocho allanamientos en oficinas y propiedades de Barrio Sur de la capital y en Yerba Buena, entre otros puntos. Se tratarían de lugares donde habría funcionado la firma o viviendas de familiares del propietario.
Personal del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía concretó las medidas durante la mañana. En particular, los agentes ingresaron a oficinas ubicadas en edificios de calle Lamadrid al 300 y 400, en San Miguel de Tucumán.
En los procedimientos secuestraron cheques, pagarés y otros documentos contables por diferentes cifras: desde $600.000 hasta casi $50 millones. Estas pruebas serán analizadas en la instrucción, a cargo de Mariano Fernández, titular de la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I. También participó en el operativo la auxiliar fiscal Ana Paula Bellomio.
La Fiscalía identificó hasta ahora a un propietario o responsable de la financiera, pero también fue señalado el entorno del sospechoso. En la propiedad de su ex esposa se secuestró un teléfono celular y en el de la madre se ubicó documentación que había sido retirada de las oficinas de Barrio Sur, de acuerdo a datos de la causa.
Por ahora, se registraron denuncias de 50 víctimas por operaciones de inversión y préstamos. La financiera captaba inversores bajo la promesa de obtener ganancias mensuales de acuerdo con los montos que se aportaban. A su vez, otorgaban préstamos con altos intereses mediante una mutual. Entre las víctimas, ha figurado empleados judiciales y municipales.
“En los casos de los inversores, la firma no le devolvía el dinero o les respondía que tenía problemas y no podían devolver el capital. Se presentaba como una financiera solvente, aceptable y con fondos y una mutual, pero no era así. Ahora no se puede encontrar a los responsables”, explicó una alta fuente judicial.
Datos de la investigación
La primera denuncia policial se llevó adelante el 1 de diciembre del año pasado. Luego se incorporaron otras presentaciones con características iguales. Los denunciantes manifestaron que entre 2016 y 2023 (diciembre) funcionó una financiera destinada a la gestión y otorgamiento de créditos a personas, gremios y municipalidades del país, y que tenía asiento laboral en un piso del edificio de Lamadrid al 400, en San Miguel de Tucumán.
Según se sospecha, el dueño y los colaboradores recibían dinero de inversores; para ello, se suscribía un contrato mutuo que duraba de tres a seis meses. Según la última denuncia, efectuada el 26 de abril de este año, la financiera recibió un capital en dólares y en pesos de uno de los inversores. Esa cifra se manejó con una mutual, con la finalidad de otorgar créditos a empleados públicos y dependientes del Poder Judicial de la provincia. Las ganancias recibidas retornarían al inversor con intereses, supuestamente. Si no se retiraba entonces, se capitalizaba el dinero.
Estas maniobras se habrían realizado continuamente hasta julio de 2023. “El principal sospechoso y su personal tomaron fondos de inversores sabiendo que no podían hacer frente a todos esas obligaciones, por lo que comenzó a librar cheques sin fondos en una cuenta bancaria que se encontraba cerrada”, se señaló en la causa.
Asimismo, dejó de enviar a sus inversores sus informes mensuales y les negó el retiro de dinero sin ninguna justificación. Posteriormente, desapareció y no contestó mensajes y llamadas.
En los próximos días, se realizará la formulación de cargos tras la evaluación de las pruebas recolectadas en los allanamientos. De esa forma, el fiscal avanzará con la aparente imputación y el proceso penal.
