Matteo Santiago Galván fue condenado a tres años y seis meses de cumplimiento efectivo en el primer juicio por el delito de intimidación pública. Además, se le aplicó una sanción especial de seis años debido a su labor como oficial de policía.
El juez Guillermo Taylor dio validez a la solicitud de sanción presentada por la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad, liderada por Carlos Saltor. Durante los días, estuvo acompañado por Jessie Luz García y Felipe Nacusse, dos investigadores. Después de la resolución, Saltor expresó: «Esta decisión respalda la importante decisión del ministro, Edmundo Jiménez, de estar al día con los tiempos actuales y la evolución de los nuevos ciberdelincuentes». Durante la discusión, hemos presentado las dificultades que implica llevar a juicio la prueba digital, los teléfonos y los efectos de las antenas, entre otros entrecruzamientos de datos y la necesidad de contar con personal técnico especializado y una Fiscalía moderna.
Luego, el Fiscal enfatizó el precedente existente en nuestro país. El juez Guillermo Taylor destacó el trabajo de investigación realizado y comentó que la calificación es por el delito de intimidación pública, lo que es histórico porque en Argentina no hay antecedentes de amenazas de bomba en relación a este tipo penal.
Agradezco la profesionalidad de los miembros del Ministerio Público Fiscal y destaco como responsable de esta Unidad Especializada el trabajo comprometido, dedicado y sólido de nuestros integrantes, incluyendo abogados especializados en delitos informáticos como técnicos especialistas en redes abiertas. Para llegar a esta decisión, todos trabajaron juntos con gran dedicación.
Hasta que el fallo sea definitivo, la Fiscalía solicitará el arresto domiciliario en una próxima audiencia. La defensa anunció su intención de impugnar la decisión.
De acuerdo con la acusación, un empleado de la Secretaría de Trabajo informó que el 28 de julio a las 8:00 horas, un hombre llamó para informar que había una bomba dentro de la institución y solicitó que se desalojara el edificio.
Después, se implementó el protocolo de evacuación y se cerró la calle en Crisóstomo Álvarez al 100, lo que provocó un caos en el tránsito y un despliegue innecesario de la policía y los bomberos debido a una falsa alarma. /Los Primeros
