Tras la apertura del año judicial en Tucumán, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, detalló el proceso que llevó al desalojo del loteo conocido como «Gaucho Castro» en El Mollar, en la que se logró la restitución de las tierras al dominio público.
«Se realizó la restitución y el desalojo de lo que en su momento se denominó como Gaucho Castro. La sentencia judicial de desalojo quedó firme y el fiscal interviniente, el doctor Varela, está a cargo de la tarea. El Poder Ejecutivo ha acompañado la medida con personal de Flora y Fauna, Vialidad, Policía Provincial, Desarrollo Social y otros organismos que colaboran en el operativo», informó Pedicone.
La fiscal de Estado destacó la importancia de este fallo judicial, en la que consideró que sienta un precedente significativo en materia de recuperación de tierras fiscales: «Este loteo es emblemático porque no solo se detectó edificación, sino un proceso de construcción avanzado. La medida cautelar evitó que esto siguiera y protegió el área. Además, se comprobó que las adquisiciones de terrenos en esta zona fueron completamente irregulares. Ningún documento presentado acreditó una compra legítima».
La situación en El Mollar generó reacciones entre los ocupantes, quienes alegaban haber adquirido los terrenos de buena fe. «Esas personas fueron citadas al juicio y pudieron hacer valer sus derechos, pero sus planteos fueron rechazados. La decisión judicial favoreció a la Provincia», explicó Pedicone.
Asimismo, se refirió a la posición de los pueblos originarios, quienes sostienen que esas tierras les pertenecen ancestralmente. «Es una discusión histórica que la Justicia hasta el momento no ha validado. Ningún derecho invocado por estas comunidades tuvo entidad suficiente para legitimar la propiedad ni la venta de lotes», enfatizó.
Durante la entrevista, el secretario de Obras Públicas de San Miguel de Tucumán, Luis Lobo Chaklián, solicitó que el Gobierno provincial avance con desalojos en la capital. Al respecto, Pedicone señaló que «todo el territorio provincial está siendo evaluado para la recuperación de inmuebles fiscales» y que la Fiscalía de Estado ya está recibiendo denuncias y determinando líneas de acción.
Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha identificado en San Miguel de Tucumán un caso tan emblemático como el de El Mollar. «La Municipalidad puede informarnos sobre usurpaciones dentro de su jurisdicción. Nosotros analizaremos cada caso como en cualquier otra comuna o municipio», agregó.
Tras el desalojo, las tierras recuperadas serán protegidas y conservadas por Flora y Fauna, con el apoyo de la Policía Provincial y la Policía Montada. «Probablemente la Provincia diseñe, junto con la Dirección y el Ente de Turismo, una política ambiental y turística para estos espacios, asegurando su preservación y el beneficio de vecinos y turistas», finalizó Pedicone. /La Gaceta
