La investigación judicial por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar continúa avanzando y pone el foco en una posible red de uso indebido de medicamentos hospitalarios.
En este contexto, la Justicia indaga a los médicos Hernán Boveri y Delfina Lanusse, señalados como principales implicados en una causa que también analiza la organización de encuentros privados donde se habrían utilizado anestésicos.
Zalazar fue encontrado sin vida el 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por una sobredosis de propofol y fentanilo, sustancias de uso estrictamente médico. Además, en el lugar se hallaron insumos pertenecientes al Hospital Italiano, lo que derivó en una línea de investigación paralela por posible sustracción de medicamentos.
A partir de una denuncia presentada por la propia institución, ambos profesionales fueron apartados de sus funciones. La causa quedó en manos del juez Martín Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera, quienes ordenaron allanamientos y tomaron declaración indagatoria a los sospechosos. Según trascendió, ambos negaron las acusaciones y, mientras continúa la investigación, tienen prohibido salir del país.
Por el momento, Boveri y Lanusse enfrentan cargos vinculados a la presunta administración irregular de drogas y a la posible comercialización de experiencias con anestésicos fuera del ámbito sanitario. No obstante, los investigadores buscan determinar si hubo más personas involucradas y si existió un circuito organizado de distribución ilegal.
Uno de los puntos clave será el análisis del teléfono celular de Zalazar, encontrado en la escena, que podría aportar información relevante sobre su entorno y las circunstancias previas a su muerte.
En paralelo, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AARBA) también quedó bajo la lupa. Su sede fue allanada con el objetivo de recolectar documentación relacionada con los profesionales investigados. Desde la entidad indicaron que colaboran activamente con la causa y que fueron ellos mismos quienes impulsaron acciones tras conocerse los hechos.
El caso tomó mayor repercusión en los últimos días luego de la difusión de un audio en el que se describen reuniones privadas denominadas “Propofest”. En esos encuentros, según la hipótesis judicial, un grupo reducido de médicos habría consumido sustancias anestésicas bajo supervisión, con la presencia de un profesional encargado de actuar ante posibles complicaciones.
Ahora, la Fiscalía intenta establecer si estas prácticas incluían un esquema de pago y si estaban limitadas a un círculo cerrado de profesionales de la salud. También se busca determinar si existe una conexión directa entre estas reuniones, el presunto desvío de medicamentos y la muerte del anestesista.
