“No existe resorte constitucional que contemple la opción de ‘devolver’ al Congreso una ley sancionada”, señalaron un grupo de legisladores de la oposición.
La oposición, a través de Oscar Agost Carreño, pidió interpelar al ministro Guillermo Francos e iniciar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Es por no implementar la ley de Emergencia en Discapacidad.
Los fundamentos fueron: nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, incumplimiento de la Ley 27.793, violación de la división de poderes, incumplimiento en la asignación de partidas, incumplimiento de la Ley 24.156 y cualquier otra cuestión que decidan incluir al momento de la comparecencia.
Agost Carreño, acompañado por Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, señaló: “El Decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta. No existe resorte constitucional que contemple la opción de ‘devolver’ al Congreso una ley sancionada. Forma parte de la vocación del Ejecutivo de continuar gobernando discrecionalmente y sin ‘la molestia’ de este Congreso”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, sostuvo: “Milei y Caputo pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad porque dicen que no hay plata. Pero hasta el 31 de octubre bajan a cero los derechos de exportación. Para eso sí hay recursos. Ya no se puede disimular: el programa económico hace agua por todos lados”.
Agost Carreño, de Encuentro Federal, reclamó reglas claras y previsibilidad. “Celebro que se eliminen las retenciones, pero debe ser una medida estratégica y permanente. Lo que pedimos es previsibilidad, no promesas de campaña ni ajustes especulativos cuando hacen falta dólares”, dijo.
El diputado por Córdoba recordó que Milei, en su campaña presidencial de 2023, prometió eliminar las retenciones. “Pero desde que asumió las modificó varias veces para conseguir divisas. El campo no funciona según los tiempos de crisis de la City, sino según las estaciones agropecuarias y los ciclos productivos”, criticó.
En relación con la Ley de Emergencia en Discapacidad, Agost Carreño agregó: “El Gobierno se negó a cumplirla alegando que no decía de dónde salían los fondos. Pero ahora suspendió ingresos por retenciones sin explicar de dónde compensará esa pérdida ni cómo financiará los servicios públicos afectados. Exigimos plazos y condiciones claras, fuentes de financiamiento concretas y respeto a los derechos de todas las provincias y sectores sociales. No queremos medidas que respondan solo a coyunturas electorales”.
El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti también se pronunció. Es referente de Provincias Unidas, con peso en las Cámaras. “La medida de Milei de retenciones cero hasta el 31 de octubre es electoralista. Lo vengo diciendo desde que era gobernador: las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo durante un proceso electoral.”, afirmó.
Sus diputados podrían plantear en el debate del Presupuesto 2026 la eliminación total de las retenciones para el próximo año y pedir que la medida anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se extienda hasta el 31 de diciembre.
La ley
La Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad, fue sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo firmó el Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que promulgó la ley pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya en el Presupuesto Nacional las partidas necesarias.
La declaración de la Emergencia rige hasta diciembre de 2026, prorrogable hasta 2027. Incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
El exlegislador Alejandro “Topo” Rodríguez advirtió que la decisión de Milei “es arbitraria e ilegal” y debe ser revocada por la Justicia. Señaló que el Presidente prorrogó el presupuesto por dos años consecutivos y que insinuar que la ley solo estará vigente cuando se incluyan los recursos en un nuevo presupuesto “viola la voluntad popular y la división de poderes”.
“El Ejecutivo podría vetar las partidas asignadas o directamente optar por no tener un presupuesto aprobado. Así dejaría afuera las partidas necesarias para ejecutar plenamente la ley de Emergencia en Discapacidad”, agregó.
La semana pasada, los diputados socialistas Esteban Paulon y Mónica Fein denunciaron a Milei y a Francos por la demora en la publicación de la norma. “Frente a las inexplicables demoras en la promulgación y cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad, presentamos una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Milei, Francos y otras autoridades”, informó Paulon. “Es urgente, la vida y la tranquilidad de las familias no pueden esperar”, sumó Fein.
