En una decisión que ha generado una fuerte reacción en diversos sectores sociales, el Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la disposición comunicada por la Jefatura de Gabinete, las funciones del organismo serán absorbidas por el Ministerio de Salud, una medida que los críticos califican como un retroceso institucional hacia una visión puramente médica de la discapacidad.
Aunque la administración central justifica el cierre en la detección de irregularidades y en la búsqueda de eficiencia administrativa, el fin de la ANDIS pone fin a la autonomía de un organismo que fue diseñado para coordinar políticas públicas de manera transversal.
El fin de la autonomía institucional
La reestructuración impulsada por el Ejecutivo implica un achicamiento drástico del área:
- Pérdida de rango: Al quedar bajo la órbita de Salud, la discapacidad deja de ser tratada como una cuestión de derechos transversales (educación, transporte, trabajo) para ser gestionada desde una perspectiva asistencialista.
- Recorte de estructura: Se eliminaron 16 cargos políticos y se redujo la estructura jerárquica en un 45,7%, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad operativa para gestionar los trámites de miles de beneficiarios.
Desde sectores opositores a la medida, se señala que la descentralización de la ANDIS —creada en 2017— buscaba justamente evitar que los derechos de las personas con discapacidad quedaran supeditados a la burocracia de un ministerio generalista.
Dudas sobre el modelo de atención y derechos
El principal argumento del oficialismo para este cierre es la necesidad de “transparencia” ante casos de corrupción y “pensiones fantasma”. Sin embargo, las organizaciones que trabajan con la temática plantean que estos problemas podrían haberse resuelto con auditorías sin necesidad de desmantelar la institución.
“El traslado al Ministerio de Salud refuerza el modelo médico de la discapacidad, alejándose del modelo social de derechos que promueven los tratados internacionales, donde la discapacidad no es una enfermedad, sino una situación de interacción con barreras sociales”, advierten especialistas en la materia.
Impacto en los beneficiarios: entre la auditoría y la incertidumbre
Si bien el jefe de Gabinete aseguró que no se recortarán las pensiones vigentes, la decisión despierta temores fundados sobre el acceso a futuros beneficios:
- Parálisis administrativa: El traspaso de funciones y la reducción de personal jerárquico podrían generar demoras críticas en la entrega del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en la provisión de medicamentos de alta complejidad.
- Criterios de auditoría: El Gobierno enfatizó que se aplicarán “criterios sanitarios” en todas las decisiones, lo que para muchos representa un endurecimiento de los requisitos que podría dejar fuera a personas en situación de vulnerabilidad real.
Un cierre bajo sospecha
La medida se produce tras un año de denuncias por presuntas coimas que afectaron la imagen del organismo. No obstante, se cuestiona si la respuesta institucional del Gobierno —la disolución total— es una solución real al problema de la corrupción o un pretexto para avanzar con un ajuste fiscal en áreas sensibles de la seguridad social.
A partir de ahora, la trazabilidad de los expedientes y la continuidad de las prestaciones quedan bajo la directa responsabilidad del Ministerio de Salud, en un contexto de creciente alerta por parte de las familias que dependen de estas políticas públicas.
