La medida de Patricia Bullrich que permitirá a la Federal realizar seguimientos e investigaciones sin orden de un juez, generó polémica.
El Gobierno nacional implementó una reforma en el estatuto de la Policía Federal a través de un decreto que modifica las atribuciones de la fuerza, la cual ahora tendrá como misión principal “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos” y proteger “la seguridad del Estado Nacional”. Especialistas y referentes de la oposición advirtieron que en la letra chica de la medida hay cláusulas que le confieren a esta fuerza atribuciones discrecionales para llevar adelante su labor, como realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial.
El decreto 383/2025 lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Uno de los ejes de la reforma es la modernización del sistema de ingreso y formación de los agentes, que ahora será bajo un programa específico de ingreso y formación de universitarios ya graduados. El decreto asegura que será en línea con los métodos y prácticas del FBI de los Estados Unidos.
Además, la Federal estará autorizada a “desarrollar acciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia”.
El decreto autoriza a la Policía Federal a realizar “sin necesidad de autorización judicial tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”, aunque aclara que será respetando la “protección de datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas”.
Sin embargo, ese inciso desató la alarma de especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos, debido a los múltiples antecedentes de detenciones y armado de causas durante el gobierno de Mauricio Macri, donde a partir de mensajes publicados en las redes sociales críticos del Gobierno se detuvieron a personas y fueron encausados por amenazas e intimidación pública.
Por otro lado, el DNU autoriza la realización de requisas personales sin orden judicial inspeccionando a personas y los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones, siempre que existan circunstancias previas que “razonable y objetivamente” permitan “presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, aunque no aclara cuáles podrían ser.
También lo habilita en caso de que “no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar” y cuando “se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
Opiniones
En la oposición cuestionaron que el Gobierno haya decidido esquivar al Congreso para una reforma de esta envergadura. “La PFA necesita modernizarse, en eso coincidimos. El problema es el cómo: una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo”, planteó el diputado José Glinski (Unión por la Patria), vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior.
“Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria”, advirtió.
Aseguró que “lo más preocupante” del decreto es que se le otorga a la PFA “facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia”, al crear una agencia de espionaje “sin control parlamentario”. “Con este decreto, la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir”, señaló.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, Leopoldo Moreau, advirtió que este decreto confirma “la deriva autoritaria del gobierno de Milei” y su intención de “avanzar hacia un estado de excepción que desmorone los cimientos democráticos”.
“Esto quedó de manifiesto en los últimos días con la detención de Juan Grabois por orden del Poder Ejecutivo y el blindaje con vallas del Congreso, con fines intimidatorios, en cada movilización popular”, sostuvo.
Desde el bloque de Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales opositores, la Mariela Coletta señaló que “esta reforma del Estatuto de la Policía Federal debería pasar por el Congreso, pero otra vez el Gobierno lo saltea”. “Lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos”, agregó.