El Gobierno hizo oficial esta decisión y estableció un plazo de 10 años desde el fallecimiento de la persona a homenajear para que un edificio pueda llevar su nombre.
El Gobierno nacional prohibió colocar nombres de personas en los edificios públicos o utilizar cualquier otro símbolo que pueda ser considerado como propaganda política . A su vez, modificó la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en lo relacionado con el adoctrinamiento político en el ámbito educativo.
La prohibición se estableció mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1084/2024, que dispone: “Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado nacional”.
A su vez, estableció que, para que alguno de estos bienes nacionales reciban el nombre de personalidades públicas, deberán haber transcurrido 10 años del fallecimiento o desaparición física o desde los acontecimientos históricos que se pretenda honrar. “Tampoco podrán asignarse denominaciones que correspondan a personas que hayan ejercido funciones como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales mediante actos de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema Democrático”, dispone la normativa.
Con esto, el Gobierno nacional logró concretar una iniciativa que el PRO impulsa desde la creación del ex CCK. Incluso, en 2017 la administración de Mauricio Macri intentó cambiarle el nombre al edificio, pero no contó con el apoyo necesario. En ese sentido, el macrismo llegó a presentar un proyecto de manera que no se pueda poner nombres de personas a los edificios públicos hasta que no hayan pasado 20 años de su muerte.
