Otro de los proyectos que buscarán ser aprobados es el de la Ley de Reiterancia, “para que los presos reincidentes paguen más caro el volver a equivocarse”.
Entre las leyes que deberán pasar por el palacio legislativo, se destaca la que apunta a la baja de la edad de imputabilidad. De hecho, la iniciativa, que apunta a establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil que contemplará que los adolescentes de entre 13 y 18 años sean imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal, ya ingresó al Congreso en julio de este año.
Lo que se busca es “que quien sea lo suficientemente maduro como para ser consciente de su delito, sea también lo suficientemente maduro como para sufrir las consecuencias”.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, luego de presentado el proyecto incluso reveló que él era partidario de bajar la edad a 14 años, pero fue Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien insistió en llevarla a 13. “Hay una cuestión empírica, que es la enorme cantidad de delitos que cometieron chicos de 13 años en los últimos meses; desde redes de pedofilia en los colegios, violaciones de chicos de 12 y 13 años, robo con armas…”, enumeró los motivos en su momento el funcionario, durante una entrevista televisiva.
Otro de los proyectos que buscarán ser aprobados en el corto plazo es el de la Ley de Reiterancia, “para que los presos reincidentes paguen más caro el volver a equivocarse”. Es una lucha que el gobierno nacional comparte con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien junto a sus funcionarios de Seguridad insiste periódicamente en el tema.
Es más, en junio de este año, la Legislatura de CABA aprobó su Ley de Reiterancia, a la que el alcalde de la Ciudad considera “un paso fundamental para terminar con la puerta giratoria”. La norma, entre otras cosas, hace que los delincuentes que reinciden esperen las decisiones judiciales en prisión preventiva.
Por otro lado, Milei hizo mención a la Ley Antimafia, elaborada según sus palabras “a imagen y semejanza de la Ley RICO, que liquidó al crimen organizado en Estados Unidos hace 50 años”.
Esta ley, que ya tiene media sanción en Diputados y se tratará durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno, aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñada específicamente para desactivar a las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
La iniciativa contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación. Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
Patricia Bullrich tomó como base para su proyecto la ley de los Estados Unidos Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la ley antimafia de Italia.
En cuanto a las reformas planteadas por el jefe de Estado en su discurso, la más fuerte es la que atañe a la Policía Federal Argentina, ya que busca “convertirla en la agencia federal de investigación criminal, un FBI argentino”.
“Esto aumentará su eficiencia operativa, su profesionalización, su tecnología y su capacidad para combatir delitos con un alcance tanto nacional como internacional”, planteó el Presidente en su discurso de prime time televisivo.
Finalmente, Milei anunció que va a impulsar la creación de la Unidad Antinarcoterrorismo, “para combatir al narco en la Triple Frontera”. En ese sentido, el líder libertario manifestó que buscará la cooperación de los países vecinos que integran el Mercosur.
En cuanto a los logros que el Presidente mencionó en Seguridad, destacó el Plan Bandera, destinado a pacificar la ciudad de Rosario, que estaba cooptada por el narcotráfico: “Logramos reducir los asesinatos en Rosario en un 63%”, celebró.
También dijo que su gestión está “poniendo a todos los presos del país a trabajar, para que le devuelvan en parte a la sociedad todo el mal que le han causado”.
