Antes de acordar el dictamen entre el gobierno y la oposición, se hicieron importantes modificaciones en el paquete fiscal que acompaña a la Ley Bases
El Gobierno aceptó cambios en la redacción del la Ley Bases y el paquete fiscal para poder asegurarse la cantidad de firmas necesarias para oficializar el dictamen. Tras largos intercambios con la oposición, las modificaciones en los principales impuestos contemplados en la ley incluyen Ganancias, el monotributo, Bienes Personales, y el blanqueo de capitales, que era uno de los puntos más discutidos por el resto de los bloques.
Las modificaciones no cambian el trazo grueso de las reformas pero reajustan algunos artículos, agregan otros y “emprolijan” alcances, principalmente en el blanqueo, sobre el que pesaban cuestionamientos sobre qué ex funcionarios podían o no ingresar o si incluir a hermanos dentro de las prohibiciones.
Para Ganancias, uno de los cambios centrales es el que introduce un diferencial para los salarios de la zona patagónica, un reclamo reiterado de los gobernadores de esa región, que argumentaban que el costo de vida en las provincias del sur es más elevado, por lo que si la vara desde la cual se cobra el impuesto es la misma unificada para todo el país, en términos prácticos los asalariados patagónicos hubiesen sido más afectados.
Por esa razón, el artículo 78 bis incorporado a la iniciativa plantea que “cuando se trate de empleados en relación de dependencia y jubilados que vivan en las provincias y/o, en su caso, partido, a que hace referencia el artículo 1° de la Ley 23.272 y sus modificaciones, las deducciones mencionadas en el artículo 30 se incrementarán en un 22% (veintidós por ciento)”. La zona patagónica comprende La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y el partido bonaerense de Patagones.
Otro cambio es que habrá posibilidad de deducir los intereses que paga un deudor por créditos hipotecarios UVA, justo en semanas en que un grupo de bancos públicos y privados volvieron a ofrecer ese tipo de préstamos atados a la inflación más una tasa de interés adicional.
“Los sujetos indicados en el mismo podrán deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieren sido otorgados por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta el límite del CIEN POR CIENTO (100%) del importe correspondiente a la ganancia no imponible establecido en el inciso a) del artículo 30 de la presente ley”. Ese monto, así, es de $3.091.035.
Si se aprueba el proyecto del Gobierno en el Senado -aunque después necesitará revalidación en Diputados-, los asalariados pagarán el impuesto a las ganancias a partir de una remuneración bruta mensual de $1.800.000 (en términos netos, es un salario de $1.494.000) si no aplican deducciones por cónyuge ni por hijos, ni tampoco por determinados gastos que podrán descontarse del ingreso a los fines del cálculo del tributo.
En el caso de un empleado soltero que tenga dos hijos menores a 18 años declarado a su cargo, el salario bruto más bajo alcanzado por el impuesto sería de$2.100.000, que equivale a un sueldo neto de 1.781.277,39 pesos. En el caso de un empleado casado con dos hijos menores a cargo, estará eximido del pago del impuesto con un salario bruto inferior a $2.400.000, es decir un sueldo neto de 2.081.277,39 pesos.
Monotributo
El artículo 100° del paquete fiscal prorroga la existencia de la figura del monotributo social, que había sido eliminada en la redacción original de la iniciativa, y que prevé para determinados sectores ligados a la economía popular que el componente de pago impositivo por formar parte del régimen simplificado sea más bajo que la categoría inicial del monotributo.
La supresión de ese esquema particular había levantado cuestionamientos durante la discusión en el recinto de la Cámara de Diputados por parte de distintos bloques opositores, que además plantearon que sostener el monotributo social no implicaba un impacto fiscal considerable.
“Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Capital Humano y tenga una facturación anual menor al 50% de la Categoría A, no deberá ingresar el impuesto integrado contemplado en el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 24.977″, plantea la norma modificada.
El Gobierno espera que el paquete fiscal le otorgue un refuerzo recaudatorio que le dé espacio para “aflojar” el recorte de gastos como vía para llegar al déficit cero. La recaudación solo de los cambios en Ganancias y monotributo, junto con anticipos de pagos de Bienes Personales de los próximos cinco años, le otorgarían al Poder Ejecutivo una recaudación extra cercana a los 2 billones de pesos. La mayor parte de esa recaudación extra sería dirigida a los gobernadores por la vía de coparticipación, en una proporción general de 60% y 40%, un factor clave en la negociación.
El proyecto del Gobierno actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual sería de $68 millones y elimina la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. También, subirían los montos de toda la escala y los importes a pagar.
Los monotributistas de la categoría A, de menores ingresos, podrían facturar hasta $6.450.000 anuales. Para aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, el monto asciende a 68 millones de pesos. Además, habría un aumento en importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado, y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social.
Blanqueo
Fue uno de los capítulos de la ley más cuestionados por la oposición, no tanto por la iniciativa en sí sino por su alcance y generosidad, y que algunos senadores calificaron como el más laxo de la historia.
Las objeciones señalan el alcance que tiene, el costo de la exteriorización de activos y puntos que consideraron pocos claros para la transparencia y trazabilidad de los fondos. La cantidad de recaudación potencial por el cobro del impuesto especial por única vez (5%, 10% o 15% de lo declarado, según en qué etapa del blanqueo se trate), permanece reservada para el equipo económico.
- Uno de los artículos que más objeciones recibió durante la discusión de comisiones, el 35°, al que Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR) calificaron como un permiso para el blanqueo de testaferros, el Gobierno no cedió en ninguna modificación.
En donde sí aceptó modificaciones en en no permitir que los hermanos de las personas excluidas del blanqueo tampoco puedan ingresar, y que los ex funcionarios de hasta 10 años atrás (en la redacción original eran 5 años) también queden fuera del régimen de exteriorización. La crítica era que, de esa forma, ex funcionarios durante el gobierno de Cambiemos -que también tuvo su propio blanqueo- podían adherirse.
Bienes Personales
Los cambios en el paquete fiscal también alcanzaron al impuesto a los Bienes Personales. En concreto, se estableció una suba del 20% en las alícuotas para quienes ingresen al blanqueo.
En concreto, para los contribuyentes en general la alícuota será de 1,5% para 2023; 1,25% para 2024; 1% para 2025; 0,75% para 2026, y 0,25% para 2027 en adelante.
- Quienes ingresen al blanqueo, en cambio, pagarán 1,8% en 2023,. 1,5% en 2024, 1,2% en 2025, 0,9% en 2026 y 0,3% del 2027 en adelante.
En tanto, se mantuvo la suba del piso a $100 millones del piso a partir del cual se deberá tributar por el período fiscal de 2023 -cuya declaración deberá hacerse a partir del mes próximo- mientras que la deducción por la vivienda personal asciende para el mismo ejercicio a los $350 millones.