«Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, dijo presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica.
“No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”. Con esas dos definiciones tajantes, Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina, sentó la postura institucional de la Iglesia frente a uno de los debates más urgentes y controvertidos del Congreso: la baja de la edad de imputabilidad penal.
Lo hace en un momento clave, cuando el Gobierno se prepara para dictaminar en Diputados el proyecto de ley que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados penalmente.
El próximo martes, tras varias postergaciones, se reunirá finalmente el plenario de comisiones -Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia– y el oficialismo confía en conseguir dictamen gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados. Si bien el proyecto original impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el de Justicia Mariano Cúneo Libarona proponía llevar la imputabilidad a los 13 años, el texto consensuado finalmente fija el nuevo umbral en 14.
Frente a este escenario, Braida sostuvo que la respuesta no puede ser punitiva: “Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”, explicó. “No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención”.
