El proyecto obtuvo media sanción con 42 votos a favor y 21 en contra. Para garantizar su aprobación, el oficialismo aceptó cambios sobre el financiamiento para las provincias y la participación de psicólogos en las decisiones sobre internaciones y altas. Ahora será tratado por Diputados.
El Senado aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
La votación llegó después de intensas negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques aliados y dialoguistas. Para reunir los votos necesarios, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aceptó modificaciones de último momento en dos de los puntos que concentraban las mayores diferencias: el financiamiento de los servicios provinciales y la participación de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones y altas.
Aunque el oficialismo contaba con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores, varios senadores habían condicionado su respaldo a que se incorporaran mayores garantías presupuestarias y se mantuviera un enfoque interdisciplinario en la atención.
Más garantías de financiamiento para las provincias
Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con los recursos necesarios para implementar la reforma.
Los representantes provinciales advirtieron que las nuevas obligaciones podían trasladar mayores responsabilidades a las jurisdicciones sin garantizar los fondos necesarios para ampliar servicios, incorporar profesionales y fortalecer los dispositivos de atención.
Ante esos planteos, el oficialismo aceptó reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva redacción contempla la posibilidad de celebrar convenios bilaterales para determinar los aportes destinados a implementar los cambios.
Los recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) y podrán destinarse al fortalecimiento del personal, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de herramientas de telemedicina, entre otras necesidades.
La senadora jujeña Carolina Moisés, integrante de Convicción Federal, había cuestionado la posibilidad de ampliar las internaciones sin garantizar previamente la infraestructura y los profesionales necesarios.
“Coincidimos en la necesidad de la internación obligatoria, sin embargo, si no están los espacios físicos ¿dónde van a internar a los enfermos? ¿Si no se establece el financiamiento adecuado, quiénes van a atender a los pacientes en casos tan vulnerables?”, planteó.
La implementación de los compromisos financieros dependerá de los convenios que se firmen y de los recursos presupuestarios disponibles.
Cambios en el rol de psicólogos y psiquiatras
El segundo punto central de la negociación fue la integración de los equipos profesionales responsables de evaluar las internaciones y las altas.
La propuesta original del Poder Ejecutivo otorgaba un papel predominante a los psiquiatras, lo que generó cuestionamientos de facultades de Psicología y representantes provinciales que reclamaban preservar el carácter interdisciplinario de las decisiones.
El texto finalmente aprobado establece que la evaluación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.
También se reconoce la participación de los psicólogos en las evaluaciones y en las decisiones relacionadas con el alta de los pacientes.
Durante el debate, Bullrich rechazó que la discusión deba plantearse como una confrontación entre ambas profesiones.
“Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, sostuvo.
Qué cambia con la reforma de Salud Mental
La iniciativa amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias cuando exista una situación de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.
En situaciones excepcionales en las que un solo médico determine una internación por riesgo grave, el plazo para que esa decisión sea revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria será de 48 horas.
La reforma también habilita las teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles e incorpora modificaciones en el abordaje de los consumos problemáticos, incluyendo otras adicciones, como la ludopatía.
Pese a los cambios, el proyecto mantiene dos principios de la normativa vigente: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.
El senador de La Libertad Avanza Pablo Cervi defendió la reforma y sostuvo que permitirá intervenir con mayor rapidez frente a situaciones críticas.
“Esta reforma busca saldar una deuda histórica con las personas que atraviesan problemas de salud mental y sus familias, permitiendo intervenir a tiempo y, cuando sea necesario, facilitar internaciones que eviten situaciones de riesgo para los propios pacientes y para terceros”, afirmó.
Con la media sanción conseguida en el Senado, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a construir una mayoría para lograr su aprobación definitiva.
