Desde el Gobierno le dijeron a TN que el número concreto estará luego de Semana Santa con la liquidación de sueldos en abril
El Gobierno avanza con el ajuste y prevé no renovar al menos 15 mil contratos de trabajadores estatales que fueron ampliados en diciembre por tres meses y vencen a fines de marzo. Desde el Gobierno le dijeron a TN que el número concreto estará luego de Semana Santa con la liquidación de sueldos en abril.
El Ejecutivo recibió las bajas de cada ministerio y organismos descentralizados, pero todavía no quiere confirmar un número firme porque “hay decisiones sobre los contratos en movimiento y podría variar según la disposición de cada titular”.
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La línea que se estableció en diciembre en la Casa Rosada es reducir el 30% del grueso estatal de forma progresiva. Ya dieron de baja 7000 contratos previo a enero y en distintas áreas -como AYSA, Télam, INCAA y ANSES- se avanzó con recortes de planta permanente.
Las bajas de marzo son parte de la auditoría del Estado que encomendó Javier Milei. Desde el Gobierno le dijeron a este medio que “se ampliaron contratos en diciembre para poder analizar quién trabajaba y quién no, es en base a eso que se hace el recorte actual”.
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Esto obedece al decreto 84/2023 que instruyó a los titulares de las carteras a exceptuar de la baja a los trabajadores que resulten “indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
Solicitó además la redacción de un informe que debieron brindar a la jefatura de gabinete que preside Nicolás Posse y determinó que “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
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Es por eso que las modalidades de despido quedaron a cargo de los ministros e interventores de los diferentes organismos descentralizados. En Administración General de Puertos (AGP), el mes pasado hubo 150 despidos y 50 retiros voluntarios sobre 700 empleados.
La reducción de planta y contratados en algunas empresas públicas es parte del plan de “saneamiento” para que luego queden sujetas al proceso de privatización en caso de que la Ley Ómnibus se apruebe en el Congreso. Es el caso de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, YCRT e Intercargo.
