Se estima que la sesión sea maratónica. El Gobierno se enfrentará a la posibilidad de que se modifique el régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU).
En una negativa racha de tres meses con triunfos opositores, el oficialismo vuelve a enfrentar una agenda antagonista en la Cámara de Diputados en una sesión que iniciaría -de alcanzarse el quorum- hoy a las 12 horas. Luego del escándalo que involucró a José Luis Espert -referente legislativo libertario- en un entramado narco, el Gobierno se enfrentará a la posibilidad de que se modifique el régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), una de sus principales herramientas de gobernabilidad.
Una de las reformas que tienen los gobernadores en la mira es un proyecto que consensuaron los 24 distritos para ejecutar el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda por tributos federales. Su creación es automática, pero su distribución es discrecional: desde la asunción de Javier Milei, solo se distribuyó el 7% de los ATN en 2024, según un informe de Politikón Chaco. Vetado en septiembre de este año, obtuvo amplia mayoría en Diputados en agosto, con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones.
Sin embargo, el proyecto que más preocupa al Gobierno es la reforma de la Ley 26.122 -sancionada en el 2006- que reglamenta los DNUs que emite el Poder Ejecutivo. La propuesta establece que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión. Además, busca circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos.
En otra línea, con controversia y resistencia oficialista, la oposición busca mayoría para designar a María Paz Bertero como Defensora de los Derechos del Niño. Otro proyecto que tiene dictamen e involucra fondos estatales es el de la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
El pedido de licencia de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto paralizó sus pedidos de remoción, pero aún hay diputados opositores del radicalismo que pretenden la expulsión de su banca, que dejaría en diciembre de este año. Para ello, se precisan tres cuartos del recinto para dar tratamiento a la votación y dos tercios para removerlo. Desde el peronismo, desistirían de sumar su bloque para concretar la destitución.
Quienes no quedarían exentos de la presión opositora son algunos funcionarios del Gabinete nacional. Por caso, buscan iniciar una moción de censura -que implica justamente una remoción- a Guillermo Francos por la resolución en donde desconoce la aplicación de la emergencia en discapacidad. En simultáneo, se busca interpelar a la secretaria Karina Milei y al ministro Mario Lugones por la presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad; y a Luis Caputo por el acuerdo financiero con los Estados Unidos. Hasta el momento, estos tres funcionarios se ausentaron a todas las convocatorias.
Sin dictamen, la oposición busca emplazar -es decir, obligar al tratamiento en comisiones- de una serie de proyectos: el Presupuesto 2026, la emergencia para las pymes, el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), la emergencia en Ciencia y Tecnología, el Programa Nacional de Alzheimer y la derogación del decreto 273/25 sobre importación irrestricta de maquinarias.
