Tras conocerse el fallo de la justicia de Estados Unidos, el Gobierno decidió seguir su estrategia de defensa antes de entregar el control de la compañía YPF.
La jueza Loretta Preska dictaminó que la Argentina debe entregar de manera inmediata, el 51% de las acciones que el Estado nacional posee en la petrolera YPF (hoy aproximadamente con un valor de U$S 6.500 millones), a custodia de los beneficiarios del fallo y como parte de la sentencia en contra del país que la magistrada que dirige el Segundo Distrito Sur de Nueva York, decidió en septiembre de 2023.
Por este fallo, el país le debe pagar al fondo Burford Capital y otros demandantes, unos U$S16.000 millones como piso. La causa fue iniciada en 2015 por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió reestatizar YPF en 2012, sin respetar los derechos de los accionistas minoritarios de la petrolera, y luego que a Repsol se le pagaran unos U$S6.000 millones por el 51% de las acciones renacionalizadas.
Luego del fallo a favor de los fondos demandantes, Argentina apeló la sentencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, situación jurídica en la que se encuentra la causa a la espera de una resolución de ese tribunal de segunda instancia.
Además, los abogados que representan a la Argentina adelantaron también que en el caso que en ese nivel judicial sea desfavorable al país, habrá una nueva apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
¿Qué hará la Argentina?
Argentina ahora apelará este embargo y, otra vez, será un tema que tendrá que resolver la segunda instancia judicial de Nueva York. Pero difícilmente en este tribunal pueda haber cambios radicales en lo considerado de fondo en el primer juzgado. Así funciona la jurisprudencia de los Estados Unidos. Y difícilmente una acción legal desde Argentina pueda modificar la decisión.
De todas maneras, y aunque quisiera, el gobierno de Javier Milei no podría entregar las acciones de YPF, ya que necesitaría una autorización del Congreso Nacional para avanzar en una decisión semejante. Algo que políticamente es un utopía. Pensar que la entrega de las acciones podría ser aprobada por el Poder Legislativo según la composición actual es, simplemente, imposible.
YPF cotiza en Wall Street, un hecho voluntario que obliga a respetar, en primera instancia, las leyes de Estados Unidos.
Ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario. En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol.
Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso, que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.
