El gobierno de Estados Unidos aumentó el viernes la recompensa por la entrega de información que lleve a la captura del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, de US$15 a US$25 millones, en respuesta a lo que califica como una investidura presidencial “ilegítima”.
Nicolás Maduro se juramentó este viernes para un tercer mandato como presidente de Venezuela pese a las denuncias de fraude de la oposición, que reivindica la victoria del candidato Edmundo González en las elecciones del 28 de julio de 2024 y ha sido reconocido como presidente electo por otros países.
El gobierno estadounidense también ofreció una recompensa de US$25 millones por el número dos del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, y de US$15 millones por información que conduzca al arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Los tres representantes del gobierno venezolano enfrentan cargos por narcotráfico ante la justicia estadounidense.
Junto al aumento de las recompensas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció un nuevo paquete de sanciones contra el círculo cercano de Nicolás Maduro.
“El Tesoro sanciona a funcionarios venezolanos que apoyan la represión y la reivindicación ilegítima del poder de Nicolás Maduro”, informó el organismo.
Se trata de funcionarios venezolanos que lideran agencias económicas y de seguridad que, según el gobierno estadounidense, “permiten la represión y la subversión de la democracia”, así como funcionarios de alto nivel en el ejército y la policía vinculados a “los abusos de los derechos humanos”.
“Maduro y sus asociados han continuado sus acciones represivas en Venezuela”, dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley Smith.
“Estados Unidos, junto con nuestros socios de ideas afines, se solidariza con el voto del pueblo venezolano por un nuevo liderazgo y rechaza la fraudulenta afirmación de victoria de Maduro”, agregó.
Entre los funcionarios de más alto nivel sancionados por Estados Unidos están Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela (PdVSA) y Ramón Celestino Velázquez, ministro de Transporte.
A ellos se suman Danny Ramon Ferrer, viceministro del Sistema Integrado de Investigaciones Penales del Ministerio del Interior; Douglas Arnoldo Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); Jhonny Rafael Salazar, subdirector del Cicpc; Manuel Enrique Castillo, subcomandante del Comando de Operaciones Estratégicas (Ceofanb) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; y José Ramón Figuera, comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) para el distrito capitalino de Venezuela
La medida implica que todos los bienes e intereses de los sancionados en EE.UU. quedan bloqueados.
Además, las instituciones financieras y otras personas que participen en transacciones con ellos también se exponen a sanciones.
