Estados Unidos anunció este viernes la prohibición para ingresar a su territorio de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y también al exministro de Planificación, Julio De Vido.
Según detalla el comunicado oficial del Departamento de Estado norteamericano, a Cristina Kirchner y De Vido se los acusa “de abusar de su posición para orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de sobornos relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en el desfalco de millones de dólares del gobierno argentino”.
Pese a la fuerte denuncia, no hay mención específica a ninguna de las causas en donde la expresidenta o su entorno son investigados por la Justicia argentina. Es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos se expide de esta manera sobre la administración kirchnerista.
“Múltiples tribunales han condenado a Cristina Kirchner y Julio De Vido por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro del país”, señala el documento emitido por la administración de Donald Trump.
El Departamento de Estado subrayó que “continuará promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusen del poder público con fines personales”. “Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción a nivel global, incluso en los niveles más altos del gobierno”, afirmó el comunicado que lleva la firma del secretario Marco Rubio.
Siendo uno de los senadores republicanos más radicales, el propio Rubio había promovido en el 2022 una serie de sanciones contra Cristina Kirchner dentro del Congreso norteamericano. El pedido se había presentado ante la Casa Blanca de Joe Biden, pero no tuvo asidero.
Las sanciones fueron impuestas bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, extendida por la Ley de Apropiaciones Continuas de 2025. Esta legislación exige que el Secretario de Estado sancione pública o privadamente a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando existan pruebas creíbles de su participación en actos de corrupción significativa o en violaciones graves a los derechos humanos.
Por Gonzalo Bañez / TN
