El juez Velázquez ordenó la restitución provisoria y por seis meses de las tierras a la Provincia.
La causa por las tierras usurpadas en la Reserva Natural de La Angostura tuvo nuevas novedades. Por un lado, y en un operativo policial, destruyeron un boliche ayer viernes, por otro un grupo de compradores hacían una protesta en las inmediaciones de Casa de Gobierno y un juez de Monteros determinaba que «los propietarios» tiene 14 días para desalojar el lugar.
Caso
En octubre pasado, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando la zona protegida. La Fiscalía de Estado consiguió que una jueza dictara una medida de no innovar para que se detuvieran las tierras y las construcciones que se realizaban. Luego, al haber encontrado numerosos indicios, la fiscal de Estado Gilda Pedicone denunció penalmente por usurpación y estafas reiteradas a Juan Pablo Castro, a cuyo nombre estaba el emprendimiento inmobiliario, y toda persona que pudiera estar involucrada.
El fiscal Miguel Varela tomó el caso y descubrió que efectivamente habría otros sospechosos. En la lista aparecen tres personas vinculadas a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, repartición que fue eliminada el lunes por un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo. Ellos son su ex titular Fernando Rogel Chaler y los empleados Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo. También quedaron en la mira Yanina Mamaní (nuera del último agente estatal) y Damián Romano (nieto político de Castro).
La investigación fue avanzando y el objetivo de la Provincia de recuperar las tierras se fue demorando. Por esa razón, la Fiscalía de Estado a través de su abogado José María Molina realizó un planteo inédito: hizo un pedido de restitución provisoria de la tierra por escrito y no a través de una audiencia. El planteo contó con el apoyo del fiscal Varela, pero ambos presentaron solicitudes diferentes.
Medidas
En Monteros, el juez Mario Velázquez lo primero que hizo es aceptar el planteo de analizar el caso, generando un antecedente importantísimo ante este tipo de casos. Resolvió ordenar la restitución provisoria de las tierras entendiendo que justamente, al tener carácter de provisoriedad, no atenta contra los derechos de ninguna de las partes hasta tanto se resuelva el conflicto.
El magistrado también aceptó el pedido que había realizado puntualmente el fiscal Varela es que se desaloje a los ocupantes. Les dio 10 días hábiles (dos semanas) para hacerlo, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, sostuvo que las familias que residan allí deben recibir contención de distintas reparticiones del Estado.
