Comerciantes piden cambios fiscales y laborales para poder vencer a la competencia desleal.
La informalidad está creciendo a pasos agigantados. Según datos de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), el comercio informal aumenta a un ritmo del 3% anual a nivel nacional. “El 60% de los comercios del país se encuentran en la informalidad”, dijo Fabián Castillo, presidente de la entidad.
La expansión de la economía informal no es un fenómeno nuevo en el país, pero su velocidad y profundidad actuales son motivo de creciente preocupación entre empresarios, economistas y autoridades. La proliferación de puestos callejeros, la venta ilegal en redes sociales, la comercialización de productos falsificados y la contratación de trabajadores sin registrar son algunas de las manifestaciones de un sistema paralelo que, según los expertos, pone en jaque a quienes cumplen con las reglas.
“Antes de la pandemia teníamos mucho fraude mercario que venía del exterior: contrabando de Perú, Bolivia, China. Pero cuando llegó la pandemia, la logística internacional se volvió costosa y difícil, y los talleres empezaron a instalarse dentro del país”, explicó Castillo.
Esta relocalización de la producción informal tuvo efectos concretos: en ciudades como Neuquén y Tucumán, se consolidaron centros de distribución de mercadería ilegal, mientras que zonas como Once y Avellaneda fueron escenario de operativos en los que Fecoba afirma haber retirado a más de 7.000 manteros.
La preocupación también se traslada al mundo digital. “En los marketplaces y redes sociales hay una presencia masiva de comercios clandestinos. Prácticamente se vende de todo por fuera del sistema. Incluso se han producido robos y asesinatos ligados a operaciones pactadas por estas plataformas”, remarcó el dirigente.
En ese contexto, la falta de controles efectivos agrava la competencia desleal. “Cuando cae una inspección, lo hace en un comercio formal, no en el mantero de la calle. Así, el que está en regla termina quebrando, y eso es insostenible”, añadió.
Según Fecoba, uno de los desafíos más urgentes es concientizar al consumidor sobre el impacto de la informalidad. “Los productos clandestinos no pagan impuestos. Y con los impuestos se financian la educación, la salud y la seguridad. Comprar productos de dudosa procedencia es, en muchos casos, comprar productos manchados de sangre”, sostuvo Castillo.
Mientras tanto, los comercios legales siguen sintiendo el impacto de la competencia desigual. “Cuando se vende con factura, se paga todo lo que hay que pagar: cumplir con AFIP, con los aportes, con los controles. Pero el vecino de enfrente vende lo mismo sin pagar nada. Eso nos destruye”, apuntó Castillo.
