La Justicia rechazó la solicitud del Ministerio Público de que sea llevada de nuevo a la cárcel.
La Justicia rechazó el pedido que realizó el Ministerio Público Fiscal de revocar la condicional otorgada a Susana del Carmen Acosta. La condenada por haber asesinado a Beatriz Argañaraz en julio de 2006 terminará de cumplir la sentencia en libertad.
En una audiencia realizada ayer, el auxiliar de fiscal Gonzalo García, solicitó que Acosta fuera nuevamente privada de su libertad al considerar que incumplió la obligación de residencia que se estableció en la sentencia dictada en junio de 2023 cuando la jueza María Iácono le otorgó la libertad condicional a la mujer.
Según explicó García, al momento de acceder al beneficio, Acosta había dejado asentado como domicilio de residencia la vivienda de su hermana, ubicada en la calle Próspero Mena al 600. Sin embargo, luego de una serie de informes realizados por el Patronato de Internos y Liberados, tomaron conocimiento de que la mujer estaba incumpliendo la regla de conducta de sentar domicilio al haberse mudado a una casa en El Cadillal sin que un juez haya aprobado el cambio de dirección. “Los familiares de la víctima deben saber dónde está residiendo la persona que obtiene el máximo beneficio. Hay que respetarlos, teniendo en cuenta el desgastante proceso que vienen atravesando”, dijo el representante del MPF.
La defensora oficial, Florencia Morelli, se opuso a la revocación de la libertad condicional de Susana Acosta. Al iniciar su alocución presentó una línea de tiempo con los informes del Patronato y las audiencias que se realizaron para controlar la condicional e indicó que no se debe retroceder sobre etapas ya superadas. Además, señaló que la situación del domicilio de Acosta en El Cadillal ya se había tratado en diciembre de 2023, y dijo que desde entonces se había informado continuamente al respecto. “Acosta siempre estuvo bajo supervisión, jamás hubo intención de eludir el control”, sostuvo.
Planteo
Siguiendo los planteos de su representante legal, Acosta informó que ella apenas recuperó su libertad tuvo que hacerse cargo de su nieta, que en ese entonces tenía 4 años, ya que su hija tuvo que mudarse hacia Neuquén por motivos laborales. La mujer explicó que la menor asistía a un jardín en El Cadillal y que, debido a la poca frecuencia de los colectivos, tenía complicaciones para trasladarla desde la casa de su hermana hasta la institución educativa y por eso decidió mudarse y empezar una obra de reparación de la vivienda.
“No tengo nada que ocultar. Fue la gente del Patronato, fue la policía, hicieron un informe ambiental, hablaron a mis vecinos, fue la gente de la Dinayf, fue gente del Servicio Penitenciario y del Ministerio de la Defensa. Yo tengo permanentemente mi casa abierta”, manifestó.
Finalmente, la jueza Ana Cecilia Escobar resolvió no hacer lugar al pedido del MPF y autorizar el cambio de domicilio de Acosta.
