El paro de transporte mantiene paralizada a gran parte de la capital y pone de manifiesto problemas estructurales en el sistema urbano. Maximiliano Villagra, propietario de las líneas 11 y 19, atribuye la crisis a una combinación de factores: la reducción sostenida de pasajeros, la competencia de servicios informales —especialmente las motos que operan mediante aplicaciones— y la demora en la llegada de subsidios nacionales.
Villagra describió el deterioro como un proceso acumulativo: en distintas etapas se fueron sumando dificultades que no se resolvieron a tiempo. Según su relato, la aparición de servicios como Uber Moto exacerba la caída de usuarios que pagan tarifa plena, fenómeno que se registra desde principios de año y se manifiesta con mayor fuerza en el ámbito urbano. Señaló que, tras consultar con colegas, constató que la pérdida de pasajeros no es exclusiva de sus líneas sino que afecta a buena parte del sistema capitalino.
Uno de los reproches centrales del empresario recae sobre la falta de control municipal respecto de una normativa que prohíbe el traslado de personas en moto. A juicio de Villagra, la tolerancia o la nula fiscalización de esa práctica contribuye a la distorsión del mercado: recorridos que antes ocupaban colectivos ahora son absorbidos por motos, lo que deja unidades circulando con baja ocupación incluso en horas pico.
También sostuvo que la afectación no es homogénea en toda el área metropolitana. Mientras que las líneas provinciales o rurales exhiben pérdidas menores, el impacto se concentra en la capital, donde los trayectos son más cortos y la migración modal hacia motos por aplicación es más pronunciada.
En cuanto a las relaciones laborales, Villagra aseguró que no existen conflictos personales con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que las discrepancias que han surgido fueron de carácter estrictamente laboral. Pese a ello, confirmó que la caída de ingresos obligó a aplicar suspensiones rotativas: alrededor del 10% del personal en cada línea (ocho empleados en la 19 y una cifra similar en la 11) fue temporalmente afectado como medida para ajustar costos.
Frente a este escenario, el empresario pidió una revisión urgente del esquema de subsidios y un mayor control sobre el transporte informal. Advirtió que el transporte público dejó de ser la alternativa principal para muchos usuarios, situación que, si se mantiene, pone en riesgo la sustentabilidad del sistema en su conjunto.
La situación plantea un desafío a corto y mediano plazo para las autoridades locales: conciliar la regulación del servicio público, la supervisión de nuevas modalidades de movilidad y la adecuación de las políticas de financiamiento para evitar que la pérdida de demanda derive en un colapso mayor del sistema de transporte urbano. /Los Primeros
