Los trabajadores se encuentran en una situación de alerta ante la inminente posibilidad de despidos, las difíciles condiciones laborales que enfrentan y la notable caída del consumo.
En la provincia, la situación económica ha impactado a diversas industrias, incluyendo a Papelera Tucumán, una empresa emblemática en la región. En el marco de un panorama nacional de caída del consumo, la firma, dirigida por el empresario Alberto Reynaldo Pierri, se ha visto obligada a tomar decisiones que han reavivado un conflicto histórico con el Sindicato de Obreros de la Industria del Papel y Cartón de Tucumán.
Desde el año pasado, la compañía ha informado sobre una reducción en su producción, una medida que, según el sindicato, se ha traducido en despidos. En total, siete trabajadores han sido despedidos de una planta que alberga menos de 200 empleados. Esta situación llevó a los trabajadores a realizar un paro de actividades en abril, lo cual desencadenó un proceso de negociación en la Secretaría de Trabajo provincial, bajo el marco de la conciliación obligatoria. Las demandas de los trabajadores son variadas.
Un punto crucial es la falta de inversión por parte de la empresa, así como la necesidad de mejorar las condiciones laborales, en particular en lo que respecta a la higiene y la seguridad. Este último aspecto se ha tornado especialmente relevante tras la trágica muerte de un operario en la fábrica, ubicada en Lules.
El secretario general del sindicato, Ramón Aguirre, ha manifestado su preocupación, señalando que “reclamamos por la falta de cobertura de puestos de trabajo y por la incorporación de trabajadores sin experiencia ni conocimiento en la industria, lo que aumenta el riesgo de accidentes”. Aguirre subraya la importancia de establecer una comisión de higiene y seguridad que funcione adecuadamente y que se respeten sus informes y acuerdos. Paralelamente, las conversaciones salariales con la cámara nacional de empresarios de la fabricación de papel también están en curso.
“Cuando nos enteramos que a Jaldo le había ocurrido esto, no dudamos en sospechar que estaba vinculado a la intervención a nuestra ciudad. Tomó una medida con gente que perdió mucho con su desplazamiento. Esto tarde o temprano iba a tener sus consecuencias”, aseguró Esteban Jaime, vecino de esa ciudad. “Investiguen quién es el hermano de Roldán y ahí quedarán en claro muchas cosas”, fue lo único que atinó decir Esteban Fuentes.
El fiscal Assad continúa solicitando medidas para tratar de esclarecer el polémico caso. Una de ellas es analizar las cámaras que tiene instalado el salón de fiestas. Ese trabajo será clave para determinar si puede confirmar o descartar que Carrizo haya sido la autora del hurto.
Pero además, de ese análisis podría surgir quién estuvo en contacto con la mujer después de que se registrara el ilícito. Por último, en los primeros estudios que se realizaron en los dispositivos secuestrados habrían confirmado que no se le sustrajeron datos al celular del gobernador.
