El Gobierno de Tucumán acelera la revisión de beneficiarios del plan Potencial Trabajo, por disposición del gobernador, Osvaldo Jaldo, a raíz de las investigaciones que se llevan adelante en la Justicia Federal en torno a irregularidades vinculadas a la cuestión que motivó una investigación interna por parte de la de la Secretaría de Niñez y Familia en el Ministerio de Capital Humano de la Nación.
El fiscal federal, Guillermo Marijuan, quien investiga las irregularidades de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, el programa más importante del ex Ministerio de Desarrollo Social y actualmente bajo la supervisión de la Secretaría de Niñez y Familia en el Ministerio de Capital Humano, se encuentra llevando adelante la investigación interna.
En los últimos días se conoció que la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Agustín Chit, requirió a la Provincia los legajos de 1.135 agentes públicos que estarían bajo sospecha por la posible existencia de empleados públicos que cobraban el programa Potenciar Trabajo
La gestión de Osvaldo Jaldo viene advirtiendo que los casos finalmente serían menos, tras la depuración interna de los datos oficiales. Las autoridades explicaron que de la nómina original, se encontraron activos alrededor de 700 personas. La Provincia llega a este número porque sostiene que de los 1.135 sólo 956 empleados corresponden a la Provincia, es decir 179 menos que el listado consignado en el oficio de la Fiscalía. A su vez, añaden que de ese universo, 230 fueron dados de baja cuando se eliminó la polémica Unrel (Unidad de Reconversión Laboral).
“La primera tarea consistió en notificar a los empleados a través de sus respectivas reparticiones responsables, para realizar un descargo de su situación, y a partir de allí, se ordenó a cada organismo llevar adelante el proceso sumarial. Esta tarea ya ha sido realizada, y en este momento se han notificado Capítulos de Cargo con las imputaciones respectivas para cada uno de los agentes involucrados”, consignó en un escrito el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Julio Saguir. Bajo su órbita se encuentra la Dirección de Recursos Humanos, una de las áreas que está trabajando en el asunto. La otra es la Fiscalía de Estado, que encabeza Gilda Pedicone de Valls.
Saguir precisó que actualmente se está trabajando en dos ámbitos: “los sumarios administrativos muy avanzados y proveyendo al fiscal Chit los legajos y boletas de sueldo de cada uno de las agentes incluidos en la nómina, información provista por la administración centralizada, los órganos desconcentrados y entes autárquicos de la Administración Pública Provincial”.
De acuerdo con la documentación oficial, los trabajadores que habrían caído en la incompatibilidad (el programa estaba destinado a desocupados y precarizados) y cuyo proceso está avanzado integran las siguientes áreas: Administración Centralizada (56 agentes); Siprosa (62); Instituto Provincial de la Vivienda (4); Ente Autárquico Tucumán Turismo (4); Ente de Infraestructura Comunitaria (1).
“Los sumarios, con aconsejamiento de bajas, están prontos a concluir y simultáneamente se está informando al Fiscal todo lo solicitado para contribuir al esclarecimiento de las irregularidades”, añadió Saguir.
