El gobernador Osvaldo Jaldo entregó 300 pulseras electrónicas, este proyecto contó con una inversión total de 6.350.400 dólares. Durante la inauguración, Jaldo destacó el compromiso de la Provincia con la problemática carcelaria y subrayó la importancia de la inversión en seguridad y políticas penitenciarias, realizada en colaboración con los tres poderes del Estado.
Además, Jaldo resaltó el apoyo del Poder Judicial en estas iniciativas y enfatizó el enfoque de la política carcelaria en la aceleración de obras de infraestructura para alojar a los detenidos, en respuesta a las decisiones judiciales. Acompañaron al gobernador el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; y otras importantes autoridades judiciales y legislativas.
Leiva también proporcionó datos que justifican la decisión del gobierno, señalando que desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal en 2019, el enfoque y la administración de los conflictos penales han cambiado significativamente. Mencionó que en lo que va del año, han ingresado alrededor de 24.000 procesos o juicios al poder judicial, la mitad de los cuales pertenecen al fuero de Familia, con una considerable proporción relacionada con la violencia.
Enfatizó que en 2017 se concluyeron 560 causas por condena o sobreseimiento, cifra que aumentó a 3.070 en 2023, reflejando un incremento del 600%. Además, destacó que este año se han dictado más de 1.000 prisiones preventivas y 600 condenas efectivas, y que las nuevas pulseras ayudarán a gestionar estas situaciones de manera más eficiente.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, resaltó que esta inversión convierte a Tucumán en la cuarta provincia con mayor cantidad de estos dispositivos, y enfatizó la importancia de liberar al personal policial de tareas relacionadas con detenidos para centrarse en la seguridad ciudadana. Informó que 181 personas están listas para utilizar las pulseras electrónicas, sujetas a aprobación judicial, y que su instalación se realizará pronto.
Agüero Gamboa concluyó destacando que este proyecto es percibido como una inversión en el bienestar y la seguridad de la población, más que como un gasto.
