Se analiza un posible perjuicio a la obra social calculado en más de 282 millones de pesos en un período comprendido entre la segunda quincena de junio y julio de 2023.
La Justicia federal investiga una defraudación millonaria al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que se realizaba en farmacias del sur de la provincia. Las propietarias de los locales, directoras técnicas y dos personas fueron llevadas al prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. La indagatoria fue solicitada por el fiscal Agustín Chit y la auxiliar fiscal Julia Vitar, de la Fiscalía Federal N° 2 en la causa en la que se analiza un posible perjuicio a la obra social calculado en más de 282 millones de pesos en un período comprendido entre la segunda quincena de junio y julio de 2023.
Según el informe oficial de la página “fiscales.gob.ar”, la investigación se inició el 24 de julio de 2023 a partir de una denuncia presentada por las autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, quienes detectaron presuntas irregularidades en las facturaciones hechas por tres farmacias a la obra social PAMI. La maniobra consistía en la falsificación de troqueles de medicamentos y el uso de datos de afiliados para cobrar a la obra social medicamentos que nunca fueron expedidos.
Según los expresado por la fiscalía, se pudo determinar que existieron diferentes anomalías en el expendio de medicamentos por parte de estas farmacias, con el siguiente detalle: emisión de recetas digitales falsas, utilizando datos de afiliados de PAMI, con la complicidad de profesionales médicos o personas con accesos a sus claves digitales, la validación de esas recetas digitales falsas por parte de las personas responsables y titulares de estas farmacias, a las que se adjuntaron troqueles falsificados para simular la venta de medicamentos, la consignación de datos falsos de terceros intervinientes para simular el retiro de los medicamentos, la presentación de estas recetas con documentación e información apócrifa al Colegio de Farmacéuticos para facturar a PAMI medicamentos que nunca fueron expedidos, y cobrando la totalidad del valor que la obra social pagó por ellos.
Asimismo, entre las irregularidades detectadas, se descubrió que en una misma farmacia figuraban validadas dos de estas recetas en un minuto y también que la caligrafía del encargado de retirar los medicamentos era la misma en órdenes destinadas a distintas personas. Además, se advirtieron medicamentos escritos con errores de tipeo. También se pudo constatar que, en la mayoría de los casos, no existía relación entre el nombre de quien figuraba retirando el medicamento como tercero interviniente y el DNI consignado en la orden.
Ante esto, la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán solicitó la suspensión preventiva de la atención de los afiliados a PAMI en las farmacias investigadas y requirió al juzgado el dictado de una medida cautelar de no innovar para que el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán y el PAMI se abstuvieran de realizar pagos pendientes a las farmacias mencionadas.
En el marco de la investigación, el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, a cargo de manera subrogante de Guillermo Díaz Martínez, ordenó el allanamiento en simultáneo de las farmacias denunciadas y del domicilio de sus propietarias. Más allá de los elementos secuestrados, de allí surgieron datos para investigar a otras personas. El análisis de papeles de facturación, troqueles y demás documentación concluyó en la citación a indagatoria por el delito de defraudación a la administración pública de una persona en su calidad de explotador de los fondos de comercio de las tres farmacias involucradas y de las directoras técnicas y propietarias de esos emprendimientos.
