El Ministerio Público Fiscal lo acusó de haber confeccionado al menos nueve documentos médicos truchos para agentes policiales. Los hizo a nombre de un profesional fallecido.
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, avanza en la investigación por los certificados médicos truchos que usaron unos policías de la provincia para justificar sus licencias por enfermedad. En esta oportunidad, se formularon cargos contra un hombre de 46 años, vinculado a un centro médico, sospechado de ser presunto autor del delito de falsificación reiterada en nueve oportunidades por la creación de un documento privado. Intervino en la imputación la auxiliar de fiscal Brenda Deroy.
Según la teoría del caso, entre febrero de 2023 y enero de 2024, el imputado confeccionó un total de nueve certificados médicos falsos en sus contenidos y firmas, los cuales fueron usados por cuatro agentes policiales a los fines de justificar sus licencias por enfermedad ante la División del Servicio Médico Laboral de la Policía de Tucumán. Estos fueron fiscalizados por la Dirección General de Fiscalización Sanitaria SIPROSA, constatando que las firmas no corresponden con las registradas en dicha repartición de los galenos que supuestamente expidieron certificados.
Evidencias y medida cautelar
Deroy indicó que, de estos nueve certificados, siete llevan la firma de un médico que “se ha constado que falleció en la pandemia”; mientras dos de ellos llevan el nombre de un cardiólogo, quien aseguró que a ese sello lo extravió hace diez o quince años (hecho que denunció en su momento), y que no son su letra ni su firma las estampadas en los papeles.
Por otro lado, la representante de la Fiscalía se refirió a una medida de allanamiento que se llevó a cabo en el domicilio del acusado. En esa ocasión, en una habitación se encontraron alrededor de 345 certificados médicos sellados y con membretes de distintos establecimientos. “También se encontraron sellos aclaratorios”, sostuvo Deroy.
Como último punto, la investigadora requirió que se ordenen medidas de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de seis meses, lo que consideró que “sería suficiente para resguardar la investigación”. Sin oposición de la defensa técnica, la jueza interviniente resolvió hacer lugar al pedio del MPF.
