Minifundistas, medianos y grandes cañeros y al menos un industrial están siendo investigados.
Pese a todos los cuestionamientos recibidos por parte del sector productivo, el Ministerio Público Fiscal profundizó la política criminal para tratar de frenar la quema de cañaverales y pastizales. En menos de 21 días, ya inició más de una veintena de causas en las que están siendo investigados minifundistas, medianos y grandes productores cañeros y por lo menos un importante industrial del sector. Fuentes judiciales informaron que con el correr de los días se incrementará el número de expedientes por este delito.
Hace una semana, voceros del MPF habían anunciado que no sólo estaban investigando a las personas que habían iniciado los incendios, sino que aclararon que irían por los arrendatarios y por los propietarios. Hasta ese momento, sólo habían sido procesadas cuatro personas. A tres de ellas se les dictó la prisión preventiva, pero dos de ellas la cumplen con la modalidad de arresto domiciliario.
Mariana Rivadeneira (en el Gran San Miguel de Tucumán y en gran parte del este tucumano), Mónica García de Targa (Monteros) y Diego Hevia (Concepción) son los fiscales designados para investigar los incendios.
Para facilitar la tarea, se formó un equipo de peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) para reunir pruebas en cada uno de los focos ígneos que se detectaban. Además, habilitaron una línea (el número es 3813195131) para que los ciudadanos denunciaran los incendios.
Desde ese día, el promedio de actuaciones era de cinco por día. Según las estimaciones de los funcionarios judiciales, más del 80% de los casos corresponden al este tucumano, donde se encuentra la mayor cantidad de cañaverales.
