El Instituto Provincial de la Vivienda de Tucumán (IPV) tomó una medida drástica para abordar la elevada morosidad en el pago de cuotas de las viviendas adjudicadas: la rescisión de cientos de contratos de adjudicatarios que no cumplen con sus obligaciones financieras. El interventor del organismo, Hugo Cabral, confirmó que esta decisión responde a la detección de casos donde la falta de pago no se justifica, dado que las cuotas son significativamente inferiores al valor de un alquiler en el mercado e incluso, en muchos casos, “comparables al precio de un café”.
Cabral explicó los motivos detrás de esta política: “Estamos empezando a bajar la morosidad. Hay mucha gente que ha venido al Instituto a pedir una forma de pago por las cuotas que debía. Tenemos el objetivo de bajar notablemente esa morosidad porque pagar la vivienda es una obligación legal, por un lado, pero por otro lado también es una obligación moral, porque es una cuota solidaria que está muy por debajo de lo que es un alquiler en el mercado y que una vivienda propia. Es un bien social y un bien escaso, entonces no podemos estar regalando alegremente cuando hay miles y miles de familias que están, algunas, hace más de 20 años esperando (por una de las casas)”, sostuvo el funcionario en declaraciones al Ocho TV.
El interventor destacó la gravedad de la situación, señalando casos extremos de incumplimiento: “Es inconcebible que haya un atraso cuando las cuotas, además, eran tan bajas. El último año se ha venido entregando cuotas más razonables, pero se venía históricamente con cuotas que son irrisorias, menores al valor de un café. Hemos tenido muchos casos de gente que estaba debiendo una cuota irrisoria, pero que estaba alquilando la vivienda a $300,000 o $400,000”.
La medida de rescisión no es definitiva en todos los casos, ya que el IPV ofrece a los adjudicatarios en mora la posibilidad de regularizar su situación mediante planes de pago. Sin embargo, el organismo está decidido a no tolerar el incumplimiento injustificado, especialmente en un contexto donde miles de familias tucumanas aguardan por una vivienda propia. Cabral subrayó que las viviendas del IPV son un recurso escaso y de alto valor social, lo que obliga a una gestión responsable y equitativa.
Además de las rescisiones, el IPV está evaluando una actualización del valor de las cuotas para adecuarlas a la realidad económica actual, manteniendo su carácter accesible pero asegurando la sostenibilidad del sistema. Este proceso de regularización y ajuste busca garantizar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan y cumplen con sus compromisos.
