Fracasó el último intento de los compradores de evitar el desalojo y comenzaron a retirar sus pertenencias.
El Gobierno de Tucumán quedó habilitado para proceder al desalojo del “Loteo Gaucho Castro”, ubicado en la Reserva Natural La Angostura, luego de que la Justicia rechazara un último intento por frenar la restitución de los terrenos al Estado.
El juez Mario Velázquez denegó el pedido de levantamiento de la medida cautelar y ordenó que el Ministerio Público Fiscal formule cargos contra la organización que comercializó ilegalmente las tierras.
La denuncia fue presentada a fines de octubre de 2023, cuando empleados estatales descubrieron que desconocidos habían ocupado la zona protegida. La Policía procedió a desmontar los cercados y la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, solicitó a la Justicia una medida de no innovar. En consecuencia, una jueza ordenó suspender la venta de lotes y detener cualquier construcción en el área protegida.
En enero de 2024, la Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal contra los vendedores y posibles involucrados en la comercialización ilegal de los terrenos. Posteriormente, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la restitución de las tierras sin audiencia previa. Velázquez accedió al pedido y concedió un plazo a los ocupantes para desalojar el área. Sin embargo, los demandados apelaron la decisión, pero un tribunal de impugnación confirmó el fallo original.
El abogado Alejandro Turbay, defensor de varios compradores, solicitó una audiencia para revocar la medida cautelar, argumentando la existencia de nuevas pruebas. Entre ellas, presentó la declaración de una mujer que afirmó haber residido en el lugar desde el año 2000, informes sobre la ausencia de cartelería que indicara que las tierras pertenecían a una reserva, y documentación vinculada a un juicio sucesorio iniciado en 2012 por Segundo Ramón Herrera, quien reclamaba la propiedad del terreno.
Sin embargo, el fiscal Miguel Varela rechazó todos estos argumentos y aseguró que la documentación presentada no acreditaba posesión legítima de los terrenos. “Estamos en un área protegida del Estado, donde recientemente se iniciaron edificaciones en el marco de un negocio ilícito. Se trata de boletos privados de venta de tierras que no tenían propietario legítimo”, sostuvo Varela.
Los representantes de la Fiscalía de Estado, José María Molina y Héctor Geria Lapore, también se opusieron al pedido, señalando que los fundamentos ya habían sido evaluados y desestimados por un tribunal de impugnación. “No existen nuevos elementos que justifiquen revocar la medida cautelar”, argumentaron.
El juez Velázquez ratificó la decisión de recuperar las tierras y desestimó los argumentos de los ocupantes. “El hecho de que no haya guardabosques, alambrados o carteles en el predio no afecta la posesión del Estado. La Corte Suprema ha reiterado que los bienes de dominio público no pueden ser objeto de apropiación privada”, enfatizó en su resolución.
Asimismo, Velázquez recordó que la Reserva Natural La Angostura está protegida por normas ambientales y que cualquier modificación del terreno requiere autorización de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre y Suelo del Gobierno de Tucumán.
